The Daily Journal.— En un giro estratégico para la política energética del país, la Asamblea Nacional aprobó este jueves por unanimidad, en su primera discusión, el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
El instrumento legal, presentado por el Ejecutivo nacional, contempla una apertura hacia el capital privado y mixto bajo un «régimen riguroso de concesiones, supervisión pública y corresponsabilidad civil y penal de las operadoras».
La presentación de la reforma en la plenaria estuvo a cargo del diputado Orlando Miranda (PSUV), quien destacó que la iniciativa es el resultado de un proceso de diálogo amplio entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el sector empresarial para estructurar la propuesta.
Reconocimiento de limitaciones estructurales
Durante su intervención, el diputado Miranda admitió que el esquema actual —centralizado en manos públicas— no ha sido suficiente para cubrir la dinámica económica del país, una situación que vinculó directamente con el impacto de las sanciones estadounidenses vigentes.
«El modelo implementado del sistema eléctrico nacional ha mostrado limitaciones estructurales y financieras para responder con la agilidad y la prontitud a la demanda del pueblo venezolano, producto del volumen de la realidad productiva actual en el país, así como el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, implementadas por los Estados Unidos», argumentó Miranda.
El legislador repasó los proyectos termoeléctricas ideados en la pasada década de bonanza petrolera que terminaron paralizados por falta de repuestos y mantenimiento ante los bloqueos financieros, mencionando casos específicos en los estados Carabobo, Mérida y Zulia.
La nueva estructura del servicio: Empresas mixtas y privadas
La propuesta de reforma, integrada por 42 artículos, redefine por completo la participación de los actores económicos en las distintas fases del suministro energético nacional.
De acuerdo con el ponente, la legislación introduce «un esquema de capital mixto y privado, bajo un régimen riguroso de concesiones, supervisión pública y corresponsabilidad civil y penal de las operadoras».
La médula de este nuevo marco legal descentraliza la cadena de valor —generación, transmisión, distribución y comercialización— a través de tres vías de participación: el Estado venezolano; empresas mixtas, «donde la República preserva el control con más del 50% del capital social»; y empresas en las cuales la República o entes públicos «poseen una participación minoritaria en su capital social o aquellas empresas privadas debidamente domiciliadas en el territorio nacional».
Incentivos fiscales, tarifas reales y compensación por apagones
Para garantizar el interés de los inversionistas extranjeros y locales, la reforma introduce un diseño de tarifas «que contempla todos los costos reales» y que permita «una rentabilidad razonable para el inversor».
Asimismo, la ley facultará a las autoridades regionales a implementar políticas fiscales y beneficios tributarios como incentivos temporales condicionados para las áreas más críticas del territorio.
En contraparte, el proyecto de ley presenta un fuerte componente de defensa al consumidor, obligando a las nuevas operadoras «a compensar económicamente a los usuarios por los daños causados debido a apagones o deficiencia de calidad».
Tras recibir el respaldo unánime de todas las fracciones en la plenaria, el instrumento legal avanzará a la fase de consulta pública antes de su segunda discusión obligatoria para la sanción definitiva.
