Por María Alejandra Díaz Marín.
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Detrás de los discursos sobre la transición energética se esconde una historia de proyectos truncados y asimetrías contractuales en Venezuela. El caso del Campo Dragón, el reservorio de gas más importante de Sudamérica, ilustra cómo el diseño geopolítico original del Estado fue desmantelado por una burocracia depredadora que sustituyó la inversión productiva por esquemas de intermediación lesivos para la República.
El plan nacional contemplaba una visión nítida de soberanía energética: gasificar el territorio, robustecer la petroquímica e interconectar las reservas orientales para exportar gas excedente a Colombia y al Caribe. El Campo Dragón se erigía como la joya de la corona. Ubicado en el norte de la Península de Paria, sus reservas probadas constituyen un recurso crítico para la región, especialmente ante el agotamiento terminal de Trinidad y Tobago.
Trinidad cuenta con la infraestructura tecnológica para la licuefacción de gas y con buques metaneros, pero carece de materia prima. La complementariedad dictaba que Venezuela suministrara el recurso en condiciones de estricta ventaja soberana. Sin embargo, la brecha entre el diseño y la ejecución se amplió debido a agendas particulares. A Trinidad se le acabó el gas; sus reservas son ínfimas. Las reales están del lado venezolano, y el plan exigía una negociación que resguardara cada céntimo de la riqueza nacional.
Antes de la gestión de Manuel Quevedo en PDVSA, la corporación había avanzado sustancialmente en la ingeniería de la conectividad. Para transportar el gas se requería una obra de alta especialización técnica en tuberías de gran profundidad. PDVSA licitó y adjudicó el proyecto a una corporación francesa de primer nivel, especialista en infraestructura submarina. Las condiciones vigentes hacia 2018 resultaban extraordinariamente favorables para los intereses de la República.
El esquema contractual establecía el principio de ‘cero financiamiento público’: el Estado no debía desembolsar un solo dólar de sus reservas. La firma francesa asumiría la totalidad de la inversión y recuperaría su capital mediante un porcentaje minoritario del gas licuado producido, dejando el porcentaje mayoritario bajo el control absoluto y la libre disposición de PDVSA. Para materializar este despliegue, solo restaba instalar un tramo crítico de 300 metros de tubería submarina. La junta directiva ya había aprobado los puntos de cuenta, pero la llegada de una nueva cúpula militar liquidó abruptamente el proyecto.
Con la nueva gestión, el acuerdo con la contratista francesa fue desechado debido a trabas administrativas y dilaciones artificiales. En su lugar, PDVSA impuso la contratación expedita de una empresa de origen egipcio que carecía por completo de experiencia comprobada y de la certificación técnica requerida para ejecutar obras de alta presión y profundidad en el Caribe. El viraje alteró radicalmente la matriz financiera en perjuicio de la nación.
A diferencia del modelo francés a riesgo de la contratista, el nuevo contrato obligaba a PDVSA a realizar un desembolso anticipado de 50 millones de dólares para iniciar las faenas. Fuentes documentales indican que esta operación contemplaba una distribución irregular de fondos, en la que una parte sustancial —estimada en 20 millones de dólares— estaba destinada a desvíos de carácter estrictamente personal dentro de la cadena de mando. Los contratos y minutas que respaldan este perjuicio fueron denunciados ante la Comisión de Derechos Humanos del parlamento, pero la respuesta institucional fue el silencio.
El estancamiento crónico del gas no puede aislarse de la geopolítica de intermediarios de ciertas facciones gubernamentales. La histórica relación con Qatar se transformó en un canal de influencia manejado de forma cupular. En este tablero, la persistencia de operadores clave en la vicepresidencia responde a la articulación con los intereses financieros de Doha. Qatar ha fungido como factor de persuasión política externa —incluso ante administraciones de Washington como la de Donald Trump—, bajo la premisa de que sus inversiones garantizaban un canal de interlocución predecible con Caracas.
Al día de hoy, Campo Dragón permanece inconcluso. Aquellos 300 metros de tubería que faltaban se convirtieron en un monumento al saqueo y al abandono estructural. Tras años de parálisis, la incertidumbre técnica es total: los tubos inicialmente instalados corren el riesgo de haber sido desmantelados y comercializados como chatarra bajo la lógica depredadora que caracteriza la gestión de las industrias básicas. Paradójicamente, el debate se reabre bajo la presión de la urgencia global por fuentes de energía de menor impacto ambiental.
La era del gas es una realidad indiscutible debido a su menor impacto ambiental. Bienvenidos a la era del gas.
