The Daily Journal.— El Gobierno de Venezuela reestructuró su defensa legal en el extranjero en medio de sus esfuerzos por mitigar la pérdida de uno de sus activos más valiosos. Según informó la agencia de noticias Reuters, las autoridades venezolanas contrataron a la firma de abogados internacional Greenberg Traurig para asumir la representación del país en el multimillonario litigio contra la corporación minera canadiense Crystallex.
El bufete de abogados que defendía anteriormente a la nación sudamericana notificó formalmente la sustitución ante una corte de apelaciones estadounidense. El caso es considerado de alta prioridad, ya que encabeza una lista de más de una docena de acreedores internacionales que buscan ejecutar embargos sobre los activos estatales para cobrar compensaciones por expropiaciones pasadas.
De acuerdo con la correspondencia oficial citada por Reuters, la procuradora general de Venezuela, Arianny Seijo, remitió una carta a la firma Munger, Tolles & Olson —bufete saliente— detallando que los abogados Daniel Pulecio y Dominic Draye asumieron el liderazgo del equipo legal defensor. En consecuencia, Munger, Tolles & Olson solicitó formalmente ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. ser retirada como asesora legal del proceso.
El origen: Del yacimiento «Las Cristinas» al riesgo de perder Citgo
La prolongada batalla judicial, que ahora pasa a manos de Greenberg Traurig, se remonta al año 2011, cuando el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez rescindió unilateralmente un contrato de operación con Crystallex para la explotación del yacimiento de oro Las Cristinas, considerado uno de los depósitos auríferos más grandes de América Latina. Tras un arbitraje ante el CIADI, el tribunal falló a favor de la minera en 2016, ordenando a Venezuela pagar 1.202 millones de dólares más intereses acumulados.
Al no materializarse el pago, el litigio saltó a la Corte Federal de Delaware en 2017, donde Crystallex logró un hito jurídico al introducir la tesis del «Alter Ego». El juez Leonard Stark validó este argumento, determinando que la corporación estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y su filial refinadora en el país norteamericano, Citgo Petroleum Corp., operan bajo el control absoluto del Estado venezolano.
Esta resolución abrió el camino definitivo para que las acciones de PDV Holding (matriz de Citgo) fuesen vinculadas directamente al cobro de las deudas de la República, desatando una masiva carrera judicial donde otros acreedores internacionales se sumaron a una subasta forzosa de activos que hoy supera los 20.000 millones de dólares en reclamos consolidados.
Giro político e impacto en los tribunales estadounidenses
El cambio de representación legal se produce en un contexto político clave. Reuters destacó que el ajuste de abogados ocurre luego de que el Gobierno de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, fuera reconocido formalmente por la administración de Washington como la autoridad al mando del Estado en marzo pasado, un movimiento institucional que reconfiguró la personería jurídica de la nación en los litigios extranjeros.
«Una decisión del presidente (de EE. UU.) de reconocer a una parte como el único jefe de Estado de un gobierno extranjero es concluyente y vinculante para los tribunales», argumentó de manera categórica la firma saliente Munger, Tolles & Olson ante el tribunal de apelaciones.
En los últimos meses, Venezuela ha venido modificando su representación legal en diversas jurisdicciones internacionales, con especial énfasis en los casos de alto perfil que avanzan en los Estados Unidos. Según el análisis de la fuente periodística, este movimiento forma parte de una reingeniería institucional con la que el Ejecutivo intenta estructurar un esfuerzo integral para la negociación y el posterior pago de sus obligaciones de deuda soberana y comercial.
