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Caracas— El Gobierno de Venezuela anunció este miércoles el inicio formal de un proceso integral de reestructuración de la deuda pública externa de la República y de Petróleos de Venezuela, en una medida que las autoridades describieron como el comienzo de una nueva etapa orientada a recuperar la capacidad financiera y productiva del país.
El anuncio se realizó mediante un comunicado oficial emitido por la Vicepresidencia Sectorial de Economía, en el que el Ejecutivo aseguró que el objetivo central del proceso será aliviar la carga de deuda acumulada, restablecer el acceso al financiamiento internacional y canalizar recursos hacia áreas prioritarias como la salud, la electricidad, el agua, la educación, la infraestructura y la recuperación económica.
Las autoridades venezolanas sostuvieron que el país mantuvo históricamente el cumplimiento de sus compromisos internacionales hasta que las sanciones financieras impuestas a partir de 2017 limitaron el acceso normal al sistema financiero global y dificultaron la capacidad operativa de la economía venezolana.
El comunicado plantea que la reestructuración buscará crear condiciones sostenibles para cumplir con compromisos financieros futuros, mientras se impulsa la recuperación del aparato productivo y la atracción de nuevas inversiones.
“El proceso permitirá un alivio sustancial de la deuda y contribuirá al crecimiento inclusivo y a la generación de empleos”, señaló el texto oficial.
El gobierno también afirmó que la estrategia económica se desarrollará bajo una agenda “constructiva y productiva”, orientada a mejorar las condiciones de vida de la población y a restablecer la estabilidad económica.
Analistas internacionales consideran que cualquier proceso de reestructuración venezolana enfrentará importantes desafíos legales, financieros y políticos debido al elevado nivel de litigios internacionales, a las sanciones vigentes y a la compleja situación de PDVSA, cuya deuda y obligaciones pendientes se encuentran entre las mayores del sector energético emergente.
La deuda venezolana permanece prácticamente en default desde hace varios años, y numerosos acreedores internacionales han interpuesto acciones judiciales y presentado reclamos sobre activos externos vinculados a la República y a PDVSA.
