The Daily Journal.— El gobierno cubano implementará un profundo paquete de reformas estructurales en su modelo económico para el año 2026, caracterizado por una descentralización comercial sin precedentes, la eliminación de trabas burocráticas a la empresa pública y la apertura legal para que los emigrados de la diáspora inviertan directamente en los municipios de la Isla.
El plan fue anunciado este viernes por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien detalló que las medidas buscan reactivar la colapsada producción nacional frente a las «situaciones sumamente complejas» que vive el país debido a la crisis energética y al embargo estadounidense.
El mandatario reveló que el diseño de este programa incluyó la consulta de expertos y referentes internacionales, utilizando incluso plataformas de Inteligencia Artificial para comparar la situación local con los procesos de transición socialista de China y Vietnam.
Giro radical en la empresa pública y comercio exterior
La reforma otorga una autonomía inédita a la Empresa Estatal Socialista, la cual pasará a competir en igualdad de condiciones con el sector privado y cooperativo. El Ejecutivo busca romper las rigideces de la planificación centralizada.
«Que funcione sin intermediarios, funcione sin manos metidas en su gestión (…). Las empresas van a diseñar sus dimensiones, van a diseñar sus sistemas de salario, van a tener las facultades sin límites, sin trabas, para dar uso a sus utilidades en las cosas que ellos entiendan», notificó el jefe de Estado, confirmando además que las entidades públicas «van a poder participar directamente del mercado cambiario».
En materia de comercio exterior, la administración cubana eliminará el monopolio de las empresas estatales intermediarias, permitiendo que cualquier actor económico —público o privado— realice importaciones y exportaciones directas. Asimismo, se fijará un esquema arancelario selectivo para desincentivar la compra de productos terminados en el extranjero.
«Se van a beneficiar con los aranceles de importación aquellos que importen insumos o materias primas para procesos productivos y de servicios en Cuba, por encima de aquellos que lo que importen sean productos acabados», dijo Díaz-Canel.
Apertura a capitales de emigrados y descentralización local
La segunda línea fuerte de la reforma transfiere competencias plenas de la administración central a los gobiernos municipales. Las localidades cubanas recibirán potestad legal para autorizar la creación de Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), administrar cuentas reales en divisas y negociar de forma independiente la Inversión Extranjera Directa (IED).
En este ámbito, la mayor novedad de la política económica radica en la convocatoria a los ciudadanos residentes en el exterior para que financien proyectos de desarrollo local.
«Se han tratado dos formas particulares de inversión de cubanos: la de los cubanos residentes en el exterior y la de los cubanos en Cuba; y que en igualdad de condiciones puedan participar como actores económicos junto a la inversión extranjera directa, junto a las empresas estatales», sentenció Díaz-Canel, tras prometer un marco legal seguro que garantice la estabilidad de estos negocios en el tiempo.
Austeridad burocrática y fin de subsidios universales
El programa macroeconómico vendrá acompañado de una drástica reducción del aparato estatal cubano. Un nuevo Proyecto de Ley, actualmente expuesto a debate público, contempla una «reducción importante, no solo de ministerios, sino que hay una reducción importante también de cargos», con el objetivo de recortar gastos del presupuesto e inyectarlos en programas de asistencia y futuras reformas salariales del sector público.
Finalmente, el mandatario cubano ratificó el fin del histórico esquema de asistencia y racionamiento universal que ha caracterizado a la Isla por décadas, acelerando la transición hacia un modelo de subsidios focalizados: «Vamos a avanzar gradualmente eliminando los subsidios a productos, para ir implementando el subsidio a personas, con una atención diferenciada a los que más lo necesitan».
El reajuste fiscal también exigirá rentabilidad obligatoria a los consorcios del Estado, advirtiendo un quiebre en la política de rescates financieros mediante «una relación distinta del presupuesto con la Empresa Estatal, para que no sea el presupuesto el que tenga que financiar la ineficiencia» de la corporación pública.
