The Daily Journal – A casi dos meses del doblete sísmico que devastó parte del territorio nacional el pasado 24 de junio, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), la Cámara de la Construcción de Venezuela (CVC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostuvieron una reunión de alto nivel para definir las fases operativas y estratégicas del Plan de Reconstrucción de Venezuela, en la que el sector empresarial exigió que todo el proceso esté apalancado en las compañías venezolanas.
El encuentro contó con la participación de Tito López, presidente de Conindustria; Mahomed Hussein, primer vicepresidente del gremio industrial; Lawrence Dow, segundo vicepresidente de la CVC; y Tomiris Useche, Coordinadora de Finanzas para el Desarrollo del PNUD Venezuela, además de presidentes de cámaras sectoriales y directivos de la CVC.
Durante su intervención, Lawrence Dow (CVC) fue contundente al afirmar que la manufactura nacional no solo está contemplada, sino que debe ser el pilar fundamental del plan de reconstrucción. Dow insistió en que los recursos destinados a esta etapa deben regirse por la premisa de «producir primero en Venezuela», otorgando preferencia absoluta a la producción local para abastecer los requerimientos de insumos y materiales.
«Los recursos que se utilicen en esta fase deben basarse en una lógica irrenunciable: darle preponderancia y preferencia a la producción nacional, que es de donde debe salir la mayoría de lo necesario para reconstruir nuestro país», señaló el empresario.
Para hacer viable esta visión, Dow subrayó la urgencia de establecer alivios fiscales y aduaneros en las zonas más afectadas, así como la necesidad impostergable de reformar instrumentos jurídicos clave, tales como las Leyes de Crédito Hipotecario y Contra la Estafa Inmobiliaria, con el fin de crear el «escenario perfecto para promover la inversión».
Advirtió que, sin un marco legal adaptado a la magnitud de la tragedia, la recuperación no podrá concretarse en tiempo oportuno.
Ante la imposibilidad de reformar individualmente más de 200 leyes restrictivas —proceso que tomaría tres décadas siguiendo lo estipulado en la Constitución—, ambos sectores coincidieron en proponer la implementación inmediata de una normativa transitoria que funcione como un «puente» entre la legislación vigente y la deseada.
Esta herramienta legal permitiría destrabar la economía, con estímulos fiscales y parafiscales, simplificación de trámites administrativos, flexibilización del acceso al crédito para las empresas, y facilitaría a los ciudadanos adquirir o alquilar viviendas en corto plazo con condiciones favorables para las partes.
Por su parte, Tito López, presidente de Conindustria, respaldó la necesidad de liberar los cuellos de botella legales para agilizar los procesos industriales frente a la coyuntura. Como paso inmediato, ambas partes acordaron establecer mesas de trabajo intergremiales (manufactura-construcción) enfocadas en priorizar esfuerzos y articular las necesidades del sector construcción con las capacidades de los sectores manufactureros (químico, plástico, metalúrgico, minero, vidrio, cerámica, entre otros), buscando garantizar su viabilidad económica.
En el ámbito del acompañamiento internacional, Tomiris Useche detalló que el PNUD adelanta un arduo trabajo alineado con la recuperación temprana, con el objetivo de concatenar estos esfuerzos con el desarrollo sostenible del país, cumpliendo estrictamente con los protocolos exigidos por los organismos multilaterales.
En ese mismo orden de ideas, Mahomed Hussein, primer vicepresidente de Conindustria, fijó una posición institucional clara y contundente sobre la imperativa «reinstitucionalización del país», condición sine qua non para superar los múltiples obstáculos que hoy continúan frenando el crecimiento sostenido del sector industrial.
Las instituciones sellaron el compromiso unánime de consolidar un canal de comunicación técnico y permanente. Las mesas de trabajo conjuntas servirán como la plataforma clave para articular proyectos, canalizar de manera segura la llegada de potenciales inversionistas y garantizar que el resurgir de Venezuela tenga un motor indiscutible: la industria nacional.
