The Daily Journal – La remoción de los escombros generados por los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela hace dos meses podría extenderse por aproximadamente un año, según estiman especialistas y el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Mientras tanto, la reconstrucción de viviendas aún no arranca formalmente y miles de damnificados continúan en refugios provisionales.
El Ejecutivo oficialista habilitó 14 Centros de Distribución Temporal (CDT) en el estado La Guaira, la zona más perjudicada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. Estas instalaciones están destinadas al procesamiento y reciclaje de los residuos de los edificios derrumbados en esa región cercana a Caracas.
Gustavo García Carrasquero, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), señaló a la agencia EFE que el proceso está a cargo de los ministerios de Obras Públicas y de Ecosocialismo (Ambiente), con el asesoramiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la participación de empresas privadas, varias de ellas vinculadas a su gremio.
El dirigente gremial precisó que la tarea completa, contemplando también las demoliciones necesarias, podría tomar alrededor de 260 días, por lo que estimó un plazo de un año. Agregó que los escombros son trasladados a los CDT para ser evaluados, triturados con maquinaria especial de molienda y luego llevados a un destino definitivo.
García Carrasquero mencionó que estos materiales reciclables pueden emplearse en la fabricación de adoquines, alfarería, ladrillos de arcilla y cemento, aunque aclaró que no serían aptos para elementos estructurales de una construcción.
Por su parte, el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, declaró en una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV) que el propósito es impedir que estos desechos se conviertan en pasivos ambientales contaminantes. Confirmó que el Estado venezolano ya ha retirado 2,1 millones de toneladas de escombros, sobre todo en La Guaira.
Ingeniería forense
El representante de la CVC subrayó la importancia de aplicar ingeniería forense a los residuos para esclarecer las razones del derrumbe de las edificaciones. Comentó que tiene entendido que ya se están realizando estas labores y que universidades están recibiendo muestras estructurales para analizarlas en sus laboratorios. Hasta ahora, el gobierno venezolano no ha ofrecido un informe público sobre estos estudios.
Explicó que en este tipo de peritajes se verifica primero si la edificación coincide con el proyecto original y si cumplía con la normativa antisísmica vigente al momento de su construcción. Puso como ejemplo que una columna debe tener acero de refuerzo y concreto; al caer, se inspecciona visualmente si el acero estaba colocado según los planos. Si todo es correcto, se analizan otros factores como el tipo de suelo, recordando que partes de La Guaira y Caracas tienen terrenos aluviales (sedimentos acumulados por corrientes de agua).
El presidente del gremio constructor añadió que, según comparaciones realizadas, en La Guaira hay una correlación entre las áreas afectadas por los sismos y las del deslave de 1999, causado por fuertes lluvias, que dejó entonces entre 10.000 y 30.000 fallecidos. A ello se suma que los dos terremotos ocurrieron con apenas segundos de diferencia y con direcciones de movimiento distintas.
La reconstrucción
El gobierno venezolano tiene en su agenda la reconstrucción, habiendo entregado casi 400 viviendas en las últimas semanas y prometiendo que miles de personas recuperarán su hogar a finales de año. No obstante, la edificación de nuevas casas aún no ha comenzado formalmente, salvo la finalización de algunos proyectos que estaban paralizados.
García Carrasquero afirmó que es posible reconstruir en La Guaira, pero insistió en esperar los resultados de los estudios forenses para tomar decisiones acertadas. Una alternativa para estos suelos es profundizar los pilotes y cimientos, lo que incrementaría el costo por metro cuadrado. También advirtió que será necesario importar cemento y metales para acelerar las obras.
Mientras tanto, el Parlamento venezolano ha impulsado reformas a varias leyes del sector inmobiliario, siendo la última de ellas orientada a fomentar la construcción y brindar protección a constructores y compradores. En julio pasado, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, calculó que se requieren 25.000 viviendas y anunció un censo biométrico en los campamentos temporales para determinar cuántas de ellas deberán ser nuevas.
Con información de EFE.
