The Daily Journal – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió este 27 de agosto de 2026 un paquete de ocho licencias generales enmendadas relacionadas con Venezuela, junto con la actualización de varias preguntas frecuentes.
Esta acción busca redefinir los márgenes de operación permitidos para empresas estadounidenses y extranjeras en sectores clave de la economía venezolana, aunque manteniendo un estricto régimen de supervisión y reporte.
Las licencias modificadas abarcan un amplio espectro de actividades económicas. Entre ellas se incluyen la comercialización de petróleo y productos petroquímicos de origen venezolano, la venta de diluyentes de procedencia estadounidense hacia Venezuela, y el suministro de bienes y servicios para los sectores de petróleo, gas y electricidad.
Asimismo, se actualizaron disposiciones para la explotación de minerales, incluido el oro, las transacciones con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el sector de telecomunicaciones. Empresas como Chevron, Repsol, Shell, BP y Eni figuran entre las beneficiadas con autorizaciones específicas para operar en el país caribeño.
Uno de los cambios técnicos más relevantes de este paquete normativo es la flexibilización de la cláusula de ley aplicable en los contratos suscritos con el Gobierno de Venezuela, PDVSA o Minerven. Mientras que anteriormente se exigía que dichos acuerdos se rigieran por la legislación de un estado de Estados Unidos, ahora ese requisito ha sido eliminado.
Sin embargo, la OFAC mantiene la obligación de que la resolución de disputas contractuales se lleve a cabo en tribunales o centros de arbitraje de Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur, lo que garantiza que, pese a la flexibilización, el marco jurisdiccional siga anclado en plazas financieras aliadas.
A pesar de la apertura parcial, las licencias imponen condiciones rigurosas que las empresas deben cumplir para no incurrir en infracciones. Los pagos a personas o entidades bloqueadas deben ser canalizados a los fondos designados por la Orden Ejecutiva 14373 o a cuentas específicas autorizadas por el Tesoro.
Además, se exigen reportes periódicos al Departamento de Estado y al Departamento de Energía, y en el caso del sector minero, se prohíbe expresamente que el procesamiento o refinación del oro venezolano se realice en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, exigiendo además una estricta documentación de la cadena de custodia con actualizaciones cada treinta días.
El texto de las licencias también deja claras las actividades que continúan vedadas. No se autoriza la formación de nuevas empresas mixtas (joint ventures) en Venezuela, ni se permiten operaciones relacionadas con deuda soberana, bonos, ejecución de sentencias en contra del Estado o cesión de acciones de empresas públicas.
Esta delimitación sugiere que Washington busca facilitar la producción y el comercio de recursos estratégicos, pero sin desbloquear completamente el acceso al financiamiento internacional ni a los activos congelados del Estado venezolano, manteniendo así una presión selectiva sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
El economista Aníbal Sánchez expone que este movimiento de la OFAC constituye un ajuste significativo en la política de sanciones, al facilitar la participación de empresas estadounidenses y aliadas en sectores neurálgicos como el petróleo y la minería.
Sánchez subraya que la eliminación de la exigencia de ley aplicable de un estado de EE.UU. debe leerse como un guiño a las recientes reformas de inversión impulsadas por el Gobierno de Venezuela, lo que podría interpretarse como un reconocimiento tácito de los avances en materia de seguridad jurídica por parte de Caracas.
No obstante, advierte que las licencias mantienen controles financieros y de reporte sumamente estrictos, lo que demuestra que Washington sigue condicionando cualquier apertura económica a mecanismos de supervisión rigurosos para evitar que los recursos beneficien directamente al régimen.
En su conclusión, Sánchez afirma que este paquete abre una ventana de oportunidad para la recuperación gradual de la producción petrolera y minera venezolana, siempre que las empresas autorizadas logren sortear con éxito los complejos requisitos de cumplimiento y las prohibiciones específicas que aún persisten en la regulación estadounidense, aunque el impacto real dependerá de la capacidad operativa y financiera de las compañías para adaptarse a estas nuevas reglas.
