The Daily Journal.- La Cancillería de Colombia abrió un espacio de diálogo con familiares de colombianos privados de la libertad en Venezuela, en medio de las gestiones diplomáticas de Bogotá para conocer la situación jurídica y humanitaria de sus connacionales detenidos en el país vecino.
El encuentro se realizó en el Palacio de San Carlos y estuvo encabezado por el viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa Arboleda, quien escuchó las inquietudes de los familiares y reiteró el compromiso del Gobierno colombiano de brindar protección y asistencia consular.
“La importancia de esta reunión radicó en varios puntos. El primero de ellos era establecer un puente de comunicación con las familias y expresarles la solidaridad del Gobierno nacional frente al dolor que están atravesando”, afirmó Roa Arboleda.
El funcionario señaló además que, de acuerdo con la información recibida durante el encuentro, algunos de los colombianos detenidos en Venezuela no habrían sido formalmente imputados ni tendrían actualmente un proceso judicial en curso.
“Según la información que hemos recibido, a los connacionales detenidos no les han sido imputados cargos y no tienen actualmente un proceso”, indicó el viceministro, quien advirtió que esta situación podría constituir una vulneración de las normas internacionales aplicables a las personas privadas de libertad.
La situación de los colombianos detenidos en Venezuela ha sido objeto de seguimiento por parte del Gobierno de Colombia. En abril pasado, la entonces canciller Rosa Yolanda Villavicencio informó que, según datos suministrados por las autoridades venezolanas, 801 ciudadanos colombianos permanecían detenidos en cárceles del país.
En ese momento, la Cancillería había enviado 21 notas verbales a Venezuela para solicitar información sobre el estado de salud, las condiciones de reclusión y la situación jurídica de los connacionales. Bogotá también había planteado la necesidad de establecer un mecanismo conjunto para abordar los retrasos procesales y las dificultades relacionadas con las visitas consulares.
El tema ya había sido planteado en los canales diplomáticos bilaterales. En julio de 2025, la Cancillería colombiana informó que la entonces ministra de Relaciones Exteriores (e), Rosa Yolanda Villavicencio, había expresado al canciller venezolano Yván Gil su preocupación por la situación de algunos colombianos detenidos y había solicitado garantías para sus derechos procesales, así como visitas y canales efectivos de comunicación con sus familiares.
Meses después, en octubre de 2025, las gestiones diplomáticas de Bogotá permitieron la liberación de 17 colombianos que permanecían detenidos en cárceles venezolanas. El grupo estaba integrado por 16 hombres y una mujer, quienes fueron trasladados a Colombia a través de la frontera entre ambos países.
Los familiares, entretanto, han denunciado durante este proceso dificultades para comunicarse con los detenidos, deterioro de sus condiciones de salud y problemas para recibir asistencia y elementos básicos. En una mesa de trabajo realizada en noviembre de 2025, representantes de las familias también denunciaron presuntos casos de intimidación y tortura.
