The Daily Journal.-Tras el colapso de un glaciar el pasado 26 de agosto de 2026 que provocó inundaciones masivas en el norte del país, el debate sobre quién debe pagar por los desastres ambientales ha dado un giro definitivo. El Gobierno de Nepal ha iniciado una agresiva ofensiva diplomática no para pedir ayuda, sino para exigir justicia climática e indemnizaciones obligatorias a las potencias industrializadas, transformando una tragedia humanitaria en un histórico caso de responsabilidad legal internacional.
Las inundaciones repentinas dejaron un saldo de más de 1,300 muertos y cerca de 5,000 desaparecidos. Ante esto, el Ejecutivo nepalí, encabezado por el presidente Ramchandra Paudel y el ministro de Asuntos Exteriores Shisir Khanal, ha formalizado un reclamo inicial de 20 millones de dólares ante el Fondo de Pérdidas y Daños de las Naciones Unidas. La postura oficial de Katmandú es tajante: la devastación sufrida es el resultado directo de las acciones de los mayores emisores globales —Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea e India, son responsables de la emisión de más de la mitad—, por lo que la reparación económica no debe ser vista como una «donación de caridad», sino como una obligación de justicia.
La voz de la ONU ante la asimetría moral del cambio climático
El núcleo ético de la justicia climática radica en que quienes menos contaminan son quienes sufren los peores impactos. Durante una sesión informativa en la sede central de la ONU, la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Nepal, Lila Pieters Yahia, respaldó con firmeza la legitimidad de este reclamo, elevándolo como un ejemplo crítico de la disparidad global.»La devastación que ha experimentado Nepal es una ilustración extraordinaria y cruda de las pérdidas y daños que los países climáticamente vulnerables enfrentan de forma cada vez más frecuente», declaró Pieters.
La alta funcionaria de la ONU hizo hincapié en la profunda injusticia que rodea la tragedia: «Nepal ha contribuido muy poco a las emisiones globales de gases de efecto invernadero y, sin embargo, está sufriendo profundas consecuencias humanas y económicas debido al cambio climático».
Asimismo, subrayó que el reclamo de Katmandú «apela a un principio que yace en el corazón del marco climático internacional», instando a que los países vulnerables reciban un apoyo accesible para responder ante catástrofes que «hicieron muy poco por provocar».
Un precedente económico y legal para el mundo
El concepto de justicia climática busca que los países industrializados asuman el costo real de su desarrollo histórico. Para Nepal, el impacto económico es devastador. El «tsunami de montaña» destruyó infraestructura vital, incluyendo redes eléctricas, escuelas y proyectos hidroeléctricos clave en las regiones de Rasuwa, Nuwakot y Dhading.De acuerdo con el Ministerio de Finanzas nepalí, la reconstrucción costará entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 10% de todo el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Sostener que una economía de bajos ingresos deba absorber sola semejante golpe financiero, mientras los superemisores continúan sus actividades industriales, es la definición misma de la injusticia que Nepal busca combatir.
El Primer Ministro del país presentará formalmente esta demanda en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el próximo 24 de septiembre. Su objetivo es claro: dejar atrás la era de las promesas voluntarias y consolidar un marco legal internacional donde los causantes del calentamiento global paguen de forma obligatoria por los daños que provocan en las naciones más vulnerables.
