Julio A. López, editor jefe.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos golpeó este jueves una de las piezas clave del entramado financiero con el que Irán intenta sortear las sanciones internacionales: BitBank, un exchange de criptomonedas controlado por el financista Babak Zanjani, acusado de haber movilizado cientos de millones de dólares en bitcoin hacia la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explicó que entre junio y julio la plataforma sirvió de canal para transferir esos fondos al brazo armado del régimen. Pero hay un dato que conecta directamente esta sanción con la crisis energética global: BitBank también procesaba los pagos que los buques petroleros debían abonar para transitar «con seguridad» por el estrecho de Ormuz, la arteria por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.
Ese cobro corría por cuenta de la Autoridad de Servicios Marítimos Hormuz Safe, un organismo iraní creado bajo el paraguas del Ministerio de Economía que, desde junio, exigía a los petroleros comerciales entre uno y dos millones de dólares —en bitcoin o stablecoins— por cada tránsito, bajo la promesa de garantizarles un paso seguro en medio de la guerra que mantiene en vilo el Golfo Pérsico. Washington ya había sancionado a ese organismo en julio; ahora fue por el canal financiero que le permitía cobrar y distribuir el dinero.
La acción se enmarca en la «Operación Economic Outcast», la ofensiva que el Tesoro lanzó el 24 de agosto para asfixiar cinco frentes de la economía iraní: activos digitales, aviación, transporte marítimo, comercio de petróleo e intermediación financiera. El secretario Scott Bessent fue tajante al presentar el paquete: ninguna vía de financiamiento al régimen, ni siquiera la cripto, queda fuera del alcance de las sanciones estadounidenses.
Junto a BitBank cayeron también Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la desarrolladora del software de la plataforma y filial del ya sancionado Dot One Value Creation Group, así como tres ejecutivos cercanos a Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari. Según el Tesoro, este último grupo funcionaba como una infraestructura híbrida: de cara al público, negocios comerciales convencionales; puertas adentro, una plataforma financiera encubierta al servicio de entidades ligadas al Estado iraní.
Zanjani no es un desconocido para los reguladores occidentales. Fue condenado a muerte en Irán en 2016 por desviar miles de millones de dólares de la petrolera estatal, una pena que le fue conmutada en 2024. Al año siguiente reapareció como financista de proyectos económicos oficialistas, y desde entonces promociona BitBank en sus redes sociales. En enero ya había sido señalado por Washington junto a otros dos exchanges de su red, Zedcex y Zedxion, acusados de lavar más de 94 millones de dólares para la IRGC.
Un manual que ya se probó en Venezuela
El mecanismo detectado en Irán guarda un paralelismo directo con las tácticas que utilizó PDVSA durante los años más duros de las sanciones bajo Nicolás Maduro. Igual que Teherán recurre hoy al bitcoin para blindar sus cobros del control bancario internacional, la petrolera venezolana exigió durante años pagos anticipados en USDT —la stablecoin de Tether— a los comerciantes que querían comprar su crudo, precisamente para esquivar el sistema financiero tradicional donde el dólar puede rastrearse y congelarse.
En ambos casos, el patrón se repite: un país bajo sanciones recurre a criptoactivos porque estos permiten mover valor entre wallets sin pasar por bancos corresponsales, lo que evita el radar de la OFAC. También coincide el uso de intermediarios y empresas pantalla en terceros países —Turquía, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido en el caso iraní; Dubái en el esquema venezolano que salpicó a la polaca Orlen— para diluir el rastro del dinero antes de que llegue a su destino final. La diferencia es que Teherán ha ido un paso más allá al construir, con Hormuz Safe, un verdadero peaje geopolítico cobrado en cripto, mientras que PDVSA usaba la stablecoin sobre todo como método de cobro por adelantado.
Para los analistas de cumplimiento, el caso BitBank confirma que las stablecoins y el bitcoin se están consolidando como la nueva frontera de la evasión de sanciones estatales y que Washington ya no distingue entre petrodólares, criptoactivos o intermediarios de papel a la hora de perseguir el financiamiento de regímenes sancionados.
