The Daily Journal– En el marco de su 189 periodo ordinario de sesiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará este 6 y 7 de mayo una audiencia pública para examinar la responsabilidad internacional del Estado venezolano en el caso Chirinos Salamanca y otros Vs. Venezuela. El proceso analiza presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra 14 funcionarios de la Policía Municipal de Chacao entre los años 2016 y 2018.
Detención tras el asesinato del periodista Ricardo Durán
El caso tiene su origen en la investigación por el homicidio del periodista Ricardo Durán Trujillo, ocurrido en Caracas el 19 de enero de 2016. Meses después del suceso, en junio de ese año, se dictaron órdenes de aprehensión contra los 14 agentes, quienes fueron recluidos bajo régimen de prisión preventiva en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocida como El Helicoide.
Desacato judicial y denuncias de tortura
Uno de los puntos centrales de la acusación presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es la negativa de las autoridades venezolanas a ejecutar las boletas de excarcelación emitidas por tribunales competentes. A pesar de que en agosto de 2016 se ordenó sustituir la privación de libertad por medidas cautelares de presentación periódica —decisión que fue ratificada tras una apelación—, los funcionarios permanecieron detenidos de forma arbitraria.
Durante este periodo de reclusión prolongada, la Comisión documentó que al menos cinco de los oficiales fueron sometidos a torturas con el objetivo de extraer información o confesiones. Estas condiciones llevaron a que varios de los detenidos iniciaran huelgas de hambre en junio de 2017 para exigir su libertad.
Resolución del conflicto y cargos internacionales
La liberación de doce de los funcionarios ocurrió progresivamente a partir de diciembre de 2017. Los dos funcionarios restantes fueron trasladados a otro centro de reclusión en julio de 2018, de donde finalmente escaparon en noviembre de ese mismo año.
La CIDH sostiene que Venezuela es responsable de vulnerar los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, el Estado es señalado por incumplir los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Las audiencias se llevan a cabo en Panamá, sede actual de las sesiones del tribunal interamericano.
