CARACAS (Agencia) – El coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, advirtió que entre nueve y diez millones de personas se encuentran actualmente en estado de necesidad en el país. Durante un foro realizado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) el pasado 29 de abril, el diplomático señaló que esta cifra experimentó un incremento durante 2025 «por el efecto de la inflación que se come la capacidad adquisitiva de los elementos vulnerables de la población que dependen del ingresos en bolívares».
«Necesidad significa que si no se les da la ayuda no van a alcanzar a llegar al final del día», aclaró.
Cuestionamiento a la narrativa de recuperación
Rampolla manifestó su preocupación ante lo que denominó una «nueva narrativa» que sugiere que la crisis se ha resuelto gracias a la llegada de empresas petroleras. Al respecto, enfatizó que si bien las proyecciones económicas han mejorado, al Estado le «va a tomar años» restablecer «su capacidad de generar ingresos para recuperar los servicios esenciales e impactar las vulnerabilidades«.
El representante de la ONU denunció que existe una «invisibilización de las necesidades» de un segmento enorme de la población. Asimismo, criticó que los recursos humanitarios destinados a Venezuela se han reducido por razones políticas externas, como los recortes aplicados por Estados Unidos y otros países que han priorizado el gasto en defensa.
Retraso internacional y politización
En un ejercicio de autocrítica, Rampolla afirmó que la comunidad internacional comenzó a atender la emergencia en Venezuela con un retraso de aproximadamente tres años debido a la polarización política. Según explicó, durante mucho tiempo el oficialismo percibió el trabajo humanitario como un instrumento político en su contra, lo que obligó a realizar las operaciones «en el silencio, sin publicar números, sin hacer publicidad».
A pesar de las dificultades logísticas y de seguridad, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) logró atender a casi dos millones de personas al cierre de 2025.
Gestiones ante la Ley de ONG
Sobre el marco regulatorio nacional, Rampolla informó que el sistema de Naciones Unidas está trabajando para simplificar los trámites administrativos derivados de la Ley de Fiscalización de ONG. Aunque consideró que la criminalización de estas organizaciones está desapareciendo del discurso público, advirtió que persisten trabas burocráticas que representan un costo y una dificultad para la sociedad civil organizada.
El evento, titulado Acción Humanitaria en Venezuela: principios, coordinación y experiencias, contó con la participación de representantes de ACNUR, World Vision y el Centro para el Tercer Sector de la UCAB.
Con nota de prensa de la UCAB.
