The Daily Journal.– Anitza Freitez, coordinadora de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) y directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), presentó este jueves los resultados de la medición correspondiente a 2025. Durante su exposición, la investigadora destacó una tendencia sostenida a la baja en la pobreza monetaria desde 2021, año en que se registró un pico de empobrecimiento generalizado cercano al 90%. Según los datos más recientes, la pobreza por ingresos se sitúa ahora en un 68% de los hogares, mientras que la pobreza extrema descendió al 32%, una mejoría que Freitez atribuyó al desmontaje de controles, la recuperación de ingresos y un ritmo de crecimiento económico que dejó de ser negativo.
No obstante, Freitez advirtió que la atención no debe centrarse únicamente en el ingreso coyuntural, sino en la pobreza multidimensional, que evalúa 13 indicadores de privación en áreas como vivienda, educación y servicios. Esta medición muestra un estancamiento preocupante: tras caer de un máximo del 65% durante la pandemia, la pobreza multidimensional se ha mantenido fluctuando entre el 55% y el 57% entre 2022 y 2025. Un hallazgo clave de la encuesta es que el peso del ingreso como determinante de la pobreza ha disminuido, mientras que el deterioro de los servicios públicos y las condiciones de la vivienda han ganado relevancia en la privación del bienestar de los hogares.
Desigualdad y el techo de la política social
En cuanto a la distribución de la riqueza, la Encovi revela una mejora en el índice de Gini que sitúa a Venezuela en niveles similares a los de 2016, con una desigualdad menos intensa que la de Brasil o Colombia, aunque todavía lejos de estándares como los de Uruguay. Freitez detalló que entre 2023 y 2025 se observó una duplicación del ingreso promedio en los sectores más pobres (deciles 1 al 5). Sin embargo, la política social basada en bonos parece haber alcanzado un techo: el valor promedio de estas transferencias bajó de 43 dólares en 2024 a 37,6 dólares en 2025, y se ha perdido capacidad de focalización, pues la recepción de bonos en hogares de pobreza extrema cayó del 85% al 69%.
Respecto al programa de alimentación CLAP, la investigadora señaló que las bolsas han perdido importancia tanto en cantidad de beneficiarios como en regularidad. La frecuencia de entrega mensual ha disminuido, aumentando la periodicidad a cada dos o tres meses.
El drama de los servicios públicos
El informe dedica un apartado crítico al colapso de los servicios básicos, señalando que el acceso al agua potable y la electricidad es hoy uno de los mayores obstáculos para la dignidad humana. Aunque la conexión a la red de acueductos tuvo un ligero repunte tras la pandemia, Freitez informó que solo el 29% de los hogares recibe agua diariamente, y de ese grupo, apenas un 19% goza de un suministro continuo las 24 horas. Esta deficiencia obliga a la mayoría de la población a recurrir a sistemas de almacenamiento que pueden comprometer la salud pública.
La situación eléctrica es calificada en el informe como un «drama» institucional. A pesar de que Venezuela cuenta con una red pública casi universal desde hace décadas, la calidad del servicio es mínima. Según los datos de Encovi, solo el 10% de los hogares reporta no sufrir nunca interrupciones del servicio, una cifra que se ha mantenido estancada desde 2019. El resto de la población enfrenta apagones diarios de varias horas y bajas de voltaje constantes, afectando no solo la vida cotidiana sino también el equipamiento doméstico de las familias venezolanas.
