Américo Briceño. Politólogo y profesor universitario.– Inicia junio de 2026. Van cinco meses desde la incursión de tropas extranjeras en territorio venezolano y del secuestro de Nicolás Maduro Moros. Mientras tanto, los anhelados cambios solo se han presentado de forma parcial.
En el campo de lo político, se puede resumir lo siguiente: la liberación de presos políticos y de “políticos presos” (aunque aún quedan algunos en centros de reclusión); la designación en los ministerios de figuras asociadas a la oposición o que han mantenido posturas técnicas alejadas del partidismo; el nombramiento de un nuevo fiscal general y de una nueva defensora del pueblo ─vinculada a sectores opositores─; y la reforma del sistema judicial, la cual demanda la renovación de al menos 18 magistrados y refuerza la Sala Constitucional.
Asimismo, destaca la apertura de la Embajada de Estados Unidos y la visita de altos funcionarios, que alterna con el sobrevuelo de aeronaves de guerra con efectivos militares y altos mandos de la Secretaría de Guerra de la administración Trump.
En el capo de lo económico, el alcance de las bondades del tutelaje es incierto: los salarios siguen congelados y el aumento de las bonificaciones es una oferta mediada por un eufemismo que causa desconcierto: el “ingreso integral”. Además, mientras el ministro del Trabajo habla sobre “la mentira de las prestaciones sociales”, se promete un bono por eficiencia que dista mucho de una entrega eficiente y la brecha cambiaria avanza sin freno. Todo esto ocurre bajo un alza de precios que sorprende a propios y extraños (por lo que recientemente ha dicho el economista José Guerra tras regresar del exilio, se puede pensar que en Washington es más barato comer arepas).
Ante la realidad de estos dos campos, nos preguntamos: ¿surgirá en el panorama una posibilidad estratégica que modifique el escenario nacional, disipe las dudas sobre el presente inmediato de la Nación y devuelva la soberanía popular como instrumento potenciador del retorno a la República?
Revisemos cómo tres países gestionaron sus demandas de cambio de régimen; a saber: Brasil, Chile y España.
Brasil: crítica y diálogo
El proceso de cambio de régimen en el Brasil de la dictadura militar es prueba de que las transiciones políticas no ocurren en un santiamén. Al contrario, son el resultado de un proceso de negociación en el que la confrontación institucional evidencia la disputa y, al mismo tiempo, permite abrir espacios de diálogo para retornar a la democracia. Esto sucedió aun cuando el régimen militar, posterior al golpe de Estado de 1964, disolvió todos los partidos políticos existentes para imponer una fachada democrática controlada. Asimismo, pese a la fragmentación de la oposición, se lograron consensos en los aspectos fundamentales.
El mecanismo de resistencia también proveyó de autoridad y representación a sectores que, a pesar de no pertenecer estrictamente al campo de lo político, fueron claves para la restauración de la democracia. Por un lado, la Iglesia católica condenó la represión estatal, cobijó a trabajadores en huelga y promovió la participación democrática desde las bases. Por otro lado, el empresariado adoptó una postura contra el estatismo en 1974, advirtiendo que un Estado interventor deviene en autoritarismo y defendiendo la democracia como la vía para que la sociedad controle a los gobernantes, y no al revés.
Un hecho resaltante es que la oposición ganó músculo negociador gracias a la movilización ciudadana y al uso de encuestas, las cuales aportaron la información necesaria para empoderarla frente a una dictadura militar habituada a negociar desde la violencia. Así, la clave de la transición radicó en el pragmatismo de la dirigencia opositora, que supo balancear las demandas populares de justicia distributiva y reforma agraria con las garantías de propiedad privada que exigían las élites económicas, evitando que éstas se opusieran al proceso de apertura democrática.
En el libro Transiciones democráticas: Enseñanzas de líderes políticos, escrito por Sergio Bitar y Abraham Lowenthal, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, líder político clave en la transición de Brasil, señala: “la importancia de combinar la presión social con la ocupación de los espacios institucionales, incluso si estos son muy reducidos en un principio”.
El exmandatario recuerda que en aquella época “los reclamos económicos se convirtieron en una reivindicación de derechos” y destaca el momento que líderes emrpesariales comenzaron a “criticar el excesivo gigantismo del Estado empresarial”.
Esto arroja luces sobre el hecho indiscutible de que la interpelación debe llevar a la crítica, la cual es una herramienta fundamental para la movilización de la sociedad.
Finalmente, Cardoso nos deja una reflexión: “La transición a la democracia fue lenta, gradual e insegura (…). Las transiciones son muy complicadas; hay que hacer muchos cálculos porque nunca se sabe qué va a ocurrir al día siguiente”.
Chile: la estrategia de coalición
Otro caso es Chile, un ejemplo de resiliencia política donde el cambio de régimen estuvo direccionado por un suceso de afirmación de la soberanía popular: unas elecciones convocadas por la misma dictadura. Se trató de un plebiscito en el que la coalición democrática suscribió las condiciones del propio régimen militar. Esto fue aceptado así porque enfrentar unas elecciones competitivas les ocasionaba problemas para elegir a un solo candidato y organizar una plataforma común. Por ello, optando por la estrategia de mantener la unidad, concentraron sus fuerzas en rechazar que Pinochet siguiera en el poder.
Este mecanismo apartó la idea de una revolución o de una confrontación polarizada, y optó por el concepto de una transición pacífica hacia la democracia.
El clima discursivo giró en torno a la promesa de construir un país para todos, donde cada persona tendría los mismos derechos y respeto a su dignidad. En 1988, Pinochet perdió en las urnas; sin embargo, logró el 44% de los votos. La dictadura seguía contando con un ejército leal al dictador y con al menos siete organizaciones políticas que también se endosaron ese mismo porcentaje en las primeras elecciones legislativas.
El triunfo electoral del ¡No a Pinochet! se dio en un marco institucional adverso: el dictador continuaba como comandante en jefe del Ejército por ocho años más; existía un sistema electoral binominal que forzaba un empate en la representación entre el Gobierno y la oposición (el cual se inclinó en el Senado a favor del régimen tras la designación de ocho senadores vitalicios); regía una Constitución que establecía cuórums especiales para aprobar leyes importantes, haciendo inviable cualquier reforma sin el apoyo de la oposición; y, finalmente, un régimen militar que había nombrado a 14 de los 17 miembros de la Corte Suprema y se había otorgado una amnistía por todos los delitos contra los derechos humanos.
Sin embargo, ¿qué enseñanzas nos dejan las estrategias políticas de la ciudadanía chilena para lograr objetivos a largo plazo que hicieran posible una transición sostenible? Veamos algunas: aunque el régimen controlaba por completo las universidades, los grupos de estudio de la oposición aglutinaban a gran parte de la intelectualidad; los sectores moderados intensificaron su activismo creando dos plataformas clave: la Alianza Democrática (un pacto entre socialistas y democristianos) y la Asamblea de la Civilidad (un acuerdo social que reunió a gremios profesionales, sindicatos, estudiantes y defensores de las pequeñas empresas); asimismo, la organización política ciudadana estimuló a que la Iglesia católica impulsara un acuerdo nacional que incorporó a representantes de la derecha que habían colaborado con la dictadura. Todas estas iniciativas compartían un programa moderado que, finalmente, logró un amplio respaldo social.
Un hecho a destacar fue el comportamiento del liderazgo político para garantizar los cambios necesarios; sus decisiones se guiaron por un sentido de justicia, tolerancia y búsqueda de acuerdos. Se orientaron más hacia la ética de la responsabilidad (obtener resultados) que hacia la de la convicción. Para ellos, la política fue un instrumento para avanzar hacia la libertad, la seguridad y la prosperidad que Chile necesitaba, y no una vía para la reparación de almas, el sanamiento de corazones o el alivio del hastío y el malestar en la sociedad.
Nuevamente, es importante recurrir a los comentarios del libro Transiciones democráticas. Enseñanzas de líderes políticos, donde el expresidente y líder de la transición, Ricardo Lagos, califica cuatro aspectos de la transición chilena que tienen especial pertinencia para las transiciones contemporáneas.
Lagos señala, en primer lugar, “la competencia de las fuerzas sociales y políticas que permitieron poner fin a la dictadura y entablar la coalición más duradera de las democracias occidentales”. Segundo:“la negociación para convencer a los militares de que debían volver a sus cuarteles y asumir sus responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos”. Y tercero: “el proceso parcial y gradual de reforma constitucional”; y en cuarto lugar: “la aspiración al desarrollo económico y condiciones de igualdad, que dio pie a un gran crecimiento y a la reducción de la pobreza”.
La figura de Ricardo lagos es importante pues a pesar de ser el dirigente con mayor aceptación, popularidad y liderazgo, en aras de garantizar un proceso de apertura democrática renuncia a la posibilidad de ser el candidato de La Concertación y convertirse en el primer presidente después de la dictadura debido a la negativa del régimen pinochetista en aceptar su figura y ante el peligro de perder los avances en el plebiscito se repliega y se entrega en las manos de Patricio Aylwin la posibilidad de garantizar un gobierno que pudiese realizar los espacios de liberalización hacia la transición democrática.
España: Transacciones y pactos
El proceso de transición en España es catalogado por el historiador Charles Powell como una «transición por vía de transacción». La tipificación de este proceso se caracteriza por los siguientes rasgos: se utilizaron las propias instituciones y normas del régimen franquista para iniciar las reformas; las negociaciones fueron sostenidas entre los sectores moderados del régimen y los líderes de la oposición; se integraron las principales fuerzas políticas en las decisiones fundamentales; y se llevaron a cabo reuniones discretas, restringidas a ciertos actores, durante las fases más críticas de la apertura al cambio. Todo esto desembocó en lo que la historiografía española denomina los Pactos de la Moncloa.
Por lo tanto, en este modelo español se pueden identificar las fuerzas que estimularon una dinámica favorable hacia la transición, el papel de responsabilidad que asumió la oposición, la opción excluyente que inhabilitó a personas que habían colaborado con el franquismo, y el otorgamiento de garantías e incentivos. Esto último permitió alcanzar un gran acuerdo nacional para llevar a puerto seguro una transición democrática ordenada, sin perder de vista una relativa movilización popular.
Felipe González, en la entrevista para el libro Transiciones democráticas del grupo IDEA, señala: “El gran activo de los Pactos de la Moncloa fue que se envió la señal de que la oposición, desde los comunistas a los socialistas, pasando por los demócratas cristianos, alcanzaban un acuerdo con los reformistas del régimen para decir qué espacio de consenso necesitaba el país para salir adelante”.
Los Pactos de la Moncloa encarnan el ejemplo exitoso de cómo los actores políticos, reconociendo sus posiciones enfrentadas, sellaron un gran acuerdo de Estado para garantizar cambios dentro del sistema y deponer un régimen dictatorial.
Es importante destacar que no fueron solo pactos políticos; también incluyeron condiciones para materializar un acuerdo económico que contuvo la crisis del mercado laboral y la estanflación. De este modo, se sentaron las bases de un programa que blindó la reforma, neutralizó a los sectores radicales de ambos extremos y permitió institucionalizar la democracia, aun con las heridas frescas en el tejido social.
Sin manual para la transición
Así concluimos el análisis de estos tres casos, valorando cómo han devenido estos procesos de transición política y qué lecciones pueden extraerse para afrontar conscientemente los cambios de régimen. Las transiciones hacia la democracia no responden a manuales ni pueden ser calcos mecánicos pero el estudio de casos ofrece elementos para un ejercicio de política comparada que permita: identificar escenarios, calcular estrategias y trazar condiciones que ayuden a la apertura de espacios de libertad y de garantías institucionales. Modestamente, creemos que las experiencias ajenas de procesos de transición pueden ayudarnos a encauzar los nuestros hacia desenlaces exitosos en términos democráticos.
