Héctor Sánchez. Sociólogo.- La crisis venezolana ha alcanzado un punto de agotamiento que trasciende la simple pugna por el poder. Tras la consolidación de un sistema impuesto que desvirtuó los principios nacionales, la realidad del país evidencia un fallo sistémico provocado por la totalidad de sus élites. Este ordenamiento ha sentado las bases de la desarticulación institucional y la entrega de recursos que hoy padece la República.
Este sistema se sostiene hoy sobre una dinámica en la que tanto sus actuales administradores como la oposición tradicional han contribuido, por acción u omisión, a la destrucción del país. El espectáculo resulta preocupante: mientras el orden vigente entregó la soberanía nacional con disimulo, sectores de la oposición tradicional no solo callaron, sino que cuestionaron que dicha entrega no fuera ejecutada con mayor celeridad. Ambos bandos han gestionado el desorden económico para acomodarse en sus propios intereses políticos, dejando a la población a merced de una nación asfixiada. La política se ha degradado en una disputa por el acceso a los recursos y por la permanencia en el poder, olvidando cualquier proyecto real de soberanía.
En el plano económico, este ordenamiento ha operado como una maquinaria de liquidación del patrimonio público. Bajo el pretexto de actuar en nombre del pueblo, se implementaron reformas que pulverizaron conquistas históricas y devolvieron al país al siglo XIX en materia de derechos laborales. A la par, ha surgido una élite empresarial que prosperó en la economía subterránea, especulando con la necesidad y acaparando divisas. Estos sectores se posicionan hoy como socios menores de corporaciones transnacionales para explotar recursos que deberían pertenecer a todos, mientras imponen a los trabajadores los salarios más mínimos del mundo para proteger su propia rentabilidad.
Ninguna de estas cúpulas actúa en nombre de la ciudadanía, sino en beneficio de su propio interés o de su acceso a las esferas de mando. La nación fue convertida en un protectorado de intereses ajenos, donde la soberanía fue hipotecada bajo la gestión de quienes tenían el deber de protegerla.
La superación de esta crisis exige la salida definitiva de este gobierno y de la oposición tradicional de la política nacional. La reconstrucción de Venezuela sólo será posible con la entrada de actores políticos alternativos que logren enderezar el rumbo del país. Es imperativo el surgimiento de nuevas voces capaces de priorizar la soberanía real y la mejora sustancial de las condiciones de vida de los venezolanos, garantizando servicios públicos eficientes y salarios dignos. Solo mediante esta renovación de los actores políticos se podrá detener la rapiña actual y empezar a pensar en reconstruir una nación que pertenezca verdaderamente a su pueblo.
