Américo Briceño Dos Santos. Politólogo y profesor universitario.- En un contexto social que sigue resignando a vastos sectores de la sociedad venezolana a una privación relativa de sus condiciones materiales, y con una violencia política que modela el orden social, se somatiza en los cuerpos y quebranta el humor colectivo, el espíritu ciudadano desplaza su horizonte de expectativas desde la posibilidad de realización hacia la precariedad, y desde la escasez persistente de servicios hasta toparse con intereses foráneos.
Bajo este esquema, el 3 de enero de 2026 no solo constituyó un hito sin precedentes en la historia contemporánea venezolana; sino que representa una interrupción al sistema que invalidó los marcos de interpretación con que se solía entender la política. Este suceso impuso una reconfiguración en la clase política, forzando a los actores en pugna a trascender las categorías y clasificaciones convencionales que, para estos tiempos, resultan insuficientes para comprender la nueva realidad del poder.
En esta realidad, convergen las narrativas de los líderes de la clase política que pretenden replantear el sentido común mediante el despliegue de definiciones y términos estratégicos. Este mecanismo busca, simultáneamente, traducir la coyuntura material y articular la acción operativa para la movilización de sus simpatizantes y la de sus bases militantes. Estos conceptos son: “oportunidad política”, “nuevo momento político” y “transición política”, que operan como ejes estructurantes de un relato que otorga identidad y que provee un lugar de enunciación desde el cual los líderes políticos legitiman su acción.
3-E: una oportunidad
Ahora bien, desde la sociología puede entenderse que una “oportunidad política” emerge a partir de determinados hechos o fenómenos sociales. En ese contexto, Eisinger (1973) plantea que estas oportunidades suelen expresarse mediante acciones colectivas, generalmente disruptivas, impulsadas por sectores con escaso poder político, que buscan aumentar su capacidad de negociación e incidencia dentro del proceso político a través de la participación directa de los propios actores involucrados. En nuestro caso, la intervención militar estadounidense del 3-E fue la interrupción del proceso sistemático de marginación y privación que negó el ejercicio de los derechos políticos a diversas organizaciones y a buena parte de los líderes de oposición.
En relación con esto, el expreso político y líder de oposición Enrique Márquez, ha dicho que lo ocurrido en enero “no lo quería nadie”. En una entrevista con la periodista Margarita Oropeza, Márquez apuntó: “pero ocurrió, porque de alguna manera el Gobierno se cerró, no buscó una solución y se presentó una solución que yo creo que nadie se esperaba”. Para el dirigente esa solución “es un hecho fáctico” que abre paso a “una oportunidad para reconocer que todos tenemos que cambiar”.
En otra entrevista, esta vez para CNN, Márquez señaló que Venezuela: “es un país diferente después del 3 de enero” ya que “un factor externo se convirtió en un evento que alteró dramáticamente el paisaje interno”. De tal modo que “hay una nueva dinámica: los jugadores han cambiado”.
Ante esto, la propuesta de Márquez para capitalizar la “oportunidad política” que dejo al 3-E es un entendimiento entre amplios sectores contrarios al gobierno: “si nos entendemos bajo un marco global suficientemente amplio, nosotros podemos coincidir perfectamente en que nuestro objetivo es darle al país la oportunidad de recuperar sus instituciones, sus libertades, su economía, hasta llegar a la democracia”.
Márquez, se proyecta sobre un Gran Acuerdo Nacional que trasciende a los partidos. Su estrategia es “encontrar dentro de estos tiempos tan complejos una ruta compartida”. Una maniobra que amerita mucha paciencia para el desarrollo de la confianza en la población.
De igual forma, el politólogo John Magdaleno, en un evento virtual realizado por la firma Medianálisis señaló que en Venezuela: “lo que está planteado es una oportunidad”.
El analista aseguró que Venezuela “no asiste al inicio de una transición a la democracia” sino que lo que ha ocurrido después el día 3 de enero “es un cambio de la trayectoria”.
Para Magdaleno, el gobierno de Nicolás Maduro era “una autocracia electoral” y su continuidad -la administración de Delcy Rodríguez- “sigue constituyendo un autoritarismo hegemónico”.
El catedrático especializado en procesos de transición política advierte con cautela que actualmente pueden percibirse “señales de una posible flexibilización” dentro del sistema político. Sin embargo, sostiene que los cambios observados responden más bien a “una autocracia en un proceso de transformación”, ya que todavía no se han restituido plenamente “la mayoría de las libertades civiles y los derechos políticos”.
El nuevo momento político
La expresión “nuevo momento político” apareció por primera vez el miércoles 14 de enero de este año, cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó en una rueda de prensa que “Venezuela se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad político-ideológica”. La declaración planteó la idea de una etapa distinta en la dinámica política del país. Pero, ¿qué implica realmente este planteamiento?
Un “momento político” puede entenderse como una “coyuntura fundacional” o un “punto de inflexión histórico”, en el que distintas dinámicas sociales y políticas convergen para producir cambios relevantes. Según Narayanan Ganesan (2015), estos períodos rompen temporalmente con etapas de estabilidad institucional y pueden marcar el inicio de nuevas etapas en la evolución histórica de una sociedad.
A partir de la definición de Ganesan, puede interpretarse que la presidenta encargada empleó el término “momento político” para referirse a la convergencia de varios factores: la acción militar del 3 de enero, la compleja situación económica y los acontecimientos político-institucionales del país. En conjunto, estos elementos fueron presentados como el inicio de una etapa de cambios y reformas que, para diversos sectores, siguen siendo insuficientes frente a las amplias demandas nacionales.
No obstante, los Rodríguez —Delcy y su hermano Jorge— parecen conscientes de las aspiraciones de cambio presentes en amplios sectores de la sociedad. En ese sentido, la actual coyuntura no es presentada como un mero accidente político, sino como un proceso de aprendizaje forzado. Como expresó Jorge Rodríguez: “Yo creo que de los traumas se sacan muchos aprendizajes y muchas enseñanzas”. Bajo esta lógica, se impulsa una transformación de las estructuras de poder que modifica la reproducción del sistema y la forma de gobierno, estableciendo así un nuevo punto de partida en su trayectoria política.
En esa misma línea, el presidente del Poder Legislativo afirmó en una entrevista concedida a El País que lo que ocurre actualmente en Venezuela no debe entenderse como una transición política. Ante la pregunta directa sobre el tema, respondió sin titubeos que el país atraviesa, más bien, “un nuevo momento político”.
¿De qué va esta fase? El parlamentario habla de “restañar las heridas de la guerra económica” y de “producir con mucha rapidez más petróleo para tener más dinero, para poder recuperar un estado de bienestar con el que los venezolanos aprendimos a vivir”.
Aunque Rodríguez pone en el acento en la economía para hablar de esta etapa, no deja atrás la creación de mecanismos que busquen crear un ambiente político distinto al anterior al 3E.
En este sentido, destaca la creación del Programa de Paz y Convivencia Democrática que explora espacios de encuentros entre los sectores sociales, económicos y políticos que integran al país y desde luego la instrumentación y ejecución de una ley de amnistía para los presos políticos.
Rodríguez, en la misma entrevista para El País, aseveró que este momento “pasa por llegar a acuerdos, por trabajar para fortalecer las instituciones del Estado y a una realidad institucional del país que luego nos lleve a organizar las elecciones que haya que organizar”.
Esa aparente corrección nace para consolidar una nueva racionalidad que quiere redefinir las relaciones entre las partes y fortalecer la institucionalidad como el paso previo y necesario para organizar procesos electorales bajo un marco de estabilidad y visión de futuro.
La transición
En este punto resulta necesario abordar el concepto de transición, ampliamente desarrollado en la literatura sobre cambio político. Recurrimos a los maestros Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter quienes definen la transición como el período de tránsito “entre un régimen político y otro”. Para ambos autores, este proceso comienza cuando “las instituciones y las normas que definen al régimen anterior” empiezan a ser cuestionadas, ya sea por actores del propio gobierno o por sectores de oposición.
Bajo esa definición, distintos actores políticos venezolanos han intentado interpretar los acontecimientos recientes como señales de una eventual transición. Entre ellos, el liderazgo de María Corina Machado ha sostenido, tanto antes como después del 3E, que “la transición hacia la democracia ha iniciado en Venezuela”, argumentando que la ciudadanía desafió al poder primero el 22 de octubre y posteriormente el 28J, cuando —según afirmó— se produjo “una herida mortal” al régimen.
Machado, identificada con los sectores más exigentes de la oposición venezolana, llegó incluso a calificar el 3E como “la hora de la libertad”. En sus declaraciones públicas defendió la operación militar extranjera señalando que esta estuvo dirigida contra Nicolás Maduro para que “enfrente la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos” y sostuvo que, ante la negativa de aceptar una salida negociada, “el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”.
Desde esta perspectiva, su planteamiento supone dejar de lado el principio de autodeterminación de los pueblos y relativizar el carácter de agresión externa sobre la soberanía nacional. Asimismo, implica aceptar el sacrificio de los restos de institucionalidad republicana y desestimar más de ochenta años de evolución del derecho internacional contemporáneo.
Este sector de la oposición venezolana considera la transición como impostergable. Sin embargo, no podemos perder de vista los “sesgos por deseos” porque como bien apuntan los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way, no son pocos los procesos de transición que, en lugar de marchar hacia la democracia, terminan resultando en regímenes “que combinan instituciones democráticas con tácticas autoritarias”.
En esa misma línea discursiva, Machado plantea la necesidad de “avanzar en el desmantelamiento del aparato represivo que durante años persiguió, encarceló y torturó a miles de venezolanos”, así como de “desmontar estructuras que aún sostienen al régimen para restituir la dignidad de las instituciones”. Desde esta perspectiva, el énfasis recae en una transformación profunda del entramado estatal asociado a la represión y al control político.
No obstante, esta formulación introduce una tensión evidente en el debate político: la relación entre justicia, seguridad y gobernabilidad para la actual administración. No es un secreto que el aparato de seguridad se mantiene cohesionado y el planteamiento de Machado es, en la práctica, una amenaza directa de persecución para quienes hoy se encuentran en el poder.
Para Machado la transición va por fases y -en sus palabras- uno de los pasos más importantes es “establecer un calendario electoral claro, creíble y verificable” que dé certezas a los venezolanos de que avanzamos hacia la democracia. Sin embargo, sin una estrategia que gestione los «costos de salida» de los actores claves, la probabilidad de que estos cedan el control de las instituciones para permitir el «Estado de Derecho» es reducida, pues la supervivencia personal de la élite está intrínsecamente ligada a su permanencia en el poder.
En ese sentido, la estrategia de María Corina Machado parecería contraponerse a lo planteado por Robert Dahl, quien advierte que “cuanto más bajo sea el costo de la tolerancia, tanto mayor será la seguridad del gobierno”, mientras que, en sentido inverso, “cuanto mayor sea el costo de la supresión, tanto mayor será la seguridad de la oposición”. A partir de ello, el autor añade que cuando los costos de la supresión superan a los de la tolerancia, “mayores son las posibilidades de que surja un régimen competitivo”.
Desde este punto de vista, solo el choque parece inevitable, estando entre la teoría democrática y la terquedad en el liderazgo. Creemos que hacer entender a todas las partes que cualquier transformación política ocurrirá cuando quienes detenta el poder deduzcan que reprimir ya no les garantiza seguridad sino aislamiento y asfixia. Solo así veremos el ansiado cambio de gobierno. Ciertamente la jugada es larga y la calle corta, pero es una vía real para que la competitividad política deje de ser una fantasía y vuelva a ser una realidad. Por último, la destreza para construir puentes de diálogo y entendimiento es un precio razonable para aquellos que desean evitar salir del juego político.
