The Daily Journal.– Estados Unidos reestructuró su régimen de sanciones sobre Venezuela al emitir cuatro nuevas licencias generales que amplían las posibilidades de operación de empresas estadounidenses y aliadas en los sectores petrolero, petroquímico, gasífero y eléctrico del país sudamericano, bajo un esquema de supervisión financiera y restricciones geopolíticas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro puso en vigor el 10 de junio las nuevas licencias, que sustituyen autorizaciones previas y establecen un marco regulatorio actualizado para las actividades relacionadas con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la comercialización de crudo venezolano, el suministro de diluyentes y el mantenimiento de infraestructura energética.
La Licencia General 46C autoriza operaciones vinculadas con petróleo y productos petroquímicos venezolanos por parte de empresas estadounidenses. Según el texto, quedan permitidas las transacciones «ordinariamente incidentales y necesarias para la extracción, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano», incluida la refinación e importación de esos productos a Estados Unidos.
La normativa también permite pagos «comercialmente razonables en forma de intercambios de petróleo crudo, diluyentes o productos petrolíferos refinados», una disposición que amplía la flexibilidad operativa de las compañías autorizadas.
Por su parte, la Licencia General 47A habilita la exportación hacia Venezuela de diluyentes de origen estadounidense, insumos considerados esenciales para el procesamiento de los crudos extrapesados de la Faja del Orinoco. La autorización cubre actividades relacionadas con la venta, transporte, almacenamiento y suministro de estos productos, así como servicios marítimos, seguros y operaciones portuarias.
La OFAC también emitió la Licencia General 48B, que permite el suministro desde Estados Unidos de bienes, tecnología, software y servicios destinados a la exploración y producción de petróleo y gas, así como a la generación, transmisión y distribución de electricidad en Venezuela.
La licencia autoriza expresamente actividades de «reacondicionamiento o reparación» de equipos utilizados en la industria energética y en el sistema eléctrico venezolano, aunque mantiene prohibiciones sobre la exportación de diluyentes fuera del marco específico establecido por la Licencia 47A.
Otra de las medidas clave es la Licencia General 52A, que amplía las transacciones permitidas con Pdvsa y sus filiales controladas. El documento establece que quedan autorizadas «todas las transacciones prohibidas» por anteriores órdenes ejecutivas que involucren a la estatal venezolana o a empresas donde posea una participación igual o superior al 50%.
Sin embargo, Washington mantuvo restricciones sobre la estructura accionaria de la compañía. La licencia prohíbe expresamente operaciones relacionadas con «la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía» de participaciones del Estado venezolano en Pdvsa, así como la ejecución de sentencias o laudos arbitrales que impliquen la transferencia de activos bloqueados.
Las nuevas licencias incorporan además condiciones comunes para todas las operaciones autorizadas. Los contratos deberán regirse por leyes estadounidenses y cualquier disputa deberá resolverse en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur.
Asimismo, la OFAC dispuso que los pagos realizados a entidades sancionadas deberán depositarse en cuentas específicamente designadas por el Departamento del Tesoro y prohibió mecanismos de compensación mediante oro, canjes de deuda o activos digitales.
El nuevo esquema también excluye de manera explícita la participación de personas o empresas vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. Las restricciones alcanzan igualmente a compañías controladas por intereses chinos, incluso cuando estén registradas en Venezuela o Estados Unidos.
Las empresas que operen bajo estas licencias estarán obligadas a presentar informes periódicos detallando las partes involucradas, volúmenes comercializados, valores de las operaciones y pagos efectuados al Estado venezolano.
La actualización representa la modificación más amplia del régimen de licencias sectoriales aplicado a Venezuela desde la flexibilización parcial de sanciones iniciada por Washington y abre nuevas vías para la participación de compañías estadounidenses en áreas estratégicas de la industria energética venezolana.
