La declaración del ministro solo admite dos posibilidades: un grave error semántico o la confesión de una conducta potencialmente ilegal.
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Julio A. López, editor jefe.- Las palabras importan. Mucho más cuando, en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Economía, evento iniciado con palabras pronunciadas por Calixto Ortega, el ministro de Economía de un país que pretende reincorporarse al sistema financiero internacional y renegociar una deuda estimada en US$240.000 millones.
Esta semana, el ministro de Economía de Venezuela afirmó que el equipo encargado de la reestructuración de la deuda tiene experiencia en “gestionar sanciones”. La frase, aparentemente inofensiva, es probablemente una de las declaraciones más preocupantes pronunciadas por un alto funcionario venezolano en los últimos años. La ignorancia jurídica y la delincuencia tienen algo en común: ambas hablan.
Sus palabras admiten varias interpretaciones, y ninguna es tranquilizadora. Pueden ser el producto de la inexperiencia política de un ministro que desconoce las implicaciones jurídicas de sus declaraciones; un error semántico; ignorancia del derecho estadounidense; una imprudencia política; una confesión involuntaria; la admisión de una política de Estado destinada a evadir sanciones o, en el peor de los casos, la confesión pública de una conducta que podría constituir una violación de la legislación norteamericana.
La diferencia entre gestionar sanciones y evadirlas no es un asunto semántico. Es una diferencia jurídica fundamental. Las palabras del ministro solo admiten tres explicaciones, y ninguna es buena.
Las grandes empresas del mundo gestionan sanciones a diario. Lo hacen contratando abogados especializados, solicitando licencias ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y diseñando mecanismos de cumplimiento normativo que les permitan operar dentro de la ley.
Evadir sanciones es algo completamente distinto. La legislación estadounidense no solo sanciona las violaciones directas de los regímenes sancionatorios, sino también los intentos de evadirlos, ocultarlos, facilitarlos o conspirar para que terceros los incumplan. La evasión deliberada de sanciones constituye una conducta susceptible de generar importantes consecuencias civiles y penales conforme a la legislación norteamericana. Cuando un ministro habla, un país entero asume las consecuencias de sus palabras.
El problema para Venezuela es que la reestructuración de su deuda no se negociará en Caracas. Se negociará en Washington, Nueva York y Londres. Serán bancos internacionales los que deberán procesar las operaciones financieras; serán reguladores estadounidenses los que deberán autorizar determinadas transacciones; serán los tribunales norteamericanos los que decidirán sobre los activos estratégicos venezolanos en el exterior. La declaración del ministro revela incompetencia, ignorancia o algo mucho más grave.
El principal activo que Venezuela necesita para renegociar con éxito su deuda no es el petróleo. Es la credibilidad. Si las palabras del ministro no fueran un error semántico, las consecuencias serían infinitamente más graves.
Los mercados internacionales pueden aceptar riesgos políticos, largos períodos de gracia e importantes descuentos sobre las acreencias. Lo que difícilmente aceptarán es la percepción de que el equipo encargado de reconstruir la reputación financiera del país tiene experiencia en operar al margen de las reglas del sistema financiero internacional.
Si el ministro quiso decir que su equipo posee amplia experiencia negociando licencias con la OFAC y estructurando operaciones compatibles con la legislación estadounidense, debió decir exactamente eso. Habría sido una carta de presentación extraordinaria para los acreedores internacionales.
Pero si quiso decir literalmente lo que dijo, entonces la situación es infinitamente más grave. Tres posibilidades inquietantes: inexperiencia, error semántico o confesión criminal.
Un país que aspira a recuperar la confianza de los mercados internacionales no puede presentarse ante sus acreedores reivindicando una supuesta experiencia en aquello que las autoridades regulatorias estadounidenses consideran una infracción de la ley.
La deuda venezolana puede ser renegociada. La credibilidad de un gobierno, en cambio, tarda décadas en recuperarse.
La conclusión a la que llegamos es que estamos ante un ministro sin experiencia, un error semántico o la confesión de un delito.
