María Alejandra Díaz Marín. Abogada constitucionalista y defensora DDHH.- Analistas como Alaistar Crooke, Ben Caspit y Mark Levin coinciden en que el giro transaccional de Trump está centrado en los negocios y la “estabilización”, más que en la seguridad nacional o en el bienestar del pueblo estadounidense. Este enfoque se refleja en la reciente Declaración Estratégica Nacional (DEN), que prioriza la inversión y la cooperación internacional según los intereses del hegemón y de su élite, no de la
ciudadanía.
El cambio probablemente se apoya en la influencia de ciertas teorías neorreaccionarias, informes de la IA basados en datos provenientes de los propios gobiernos autoritarios, foros de inversión y acuerdos internacionales que disfrazan el saqueo y la anexión como “cooperación”. Bajo esta lógica, se introducen fuerzas de “estabilización” y gobiernos tecnocráticos para facilitar proyectos de enriquecimiento, como los del World Liberty Financial -fundado en 2024 por Donald Jr. y Eric Trump con socios como Zach y Alex Witkoff- que, apuesta por desarrollos en Gaza, reconstrucción de Irán o control y saqueo de Venezuela, buscando acumular miles de millones para la fortuna familiar, y no la libertad ni la democracia, como vendiera el proyecto MAGA.
La estrategia es consistente: crear una amenaza, justificar intervenciones militares o guerras relámpago, imponer la reconstrucción y la diplomacia transaccional, introducir la “estabilización” y el gobierno tecnocrático, mientras la voluntad popular y la soberanía quedan en segundo plano. La promesa de inversiones gigantescas legitima la ocupación y asegura ganancias privadas mediante la coacción y los contratos controlados por el hegemón depredador.
En Venezuela, los “normalizadores” celebran las nuevas licencias de la OFAC y la colaboración con el “gobierno encargado”, mientras el país pierde el control de sus recursos y su soberanía. Como señala Andrés Giusseppe, la OFAC “permite negociar, pero ellos deciden con quién; obliga a comprar repuestos y tecnología de EE.UU., todo ello regido por sus leyes”. La Participación Fiscal disminuye y los ingresos no benefician a los hospitales ni al pueblo, sino a cuentas controladas por Washington.
La pseudonormalización remata el subsuelo venezolano a cambio de “paz operativa para los negocios”. Mientras se acerca el vencimiento de los 180 días de la falta temporal, en una suerte de milagro, la OFAC podría darnos licencias para ejercer el derecho al voto, claro, siempre que no perturben la “estabilización” para seguir depredándonos.
Exigir que los negocios y la estabilización respeten la Constitución no es un lujo, sino una obligación. La paz no puede existir sin justicia; la normalización no puede imponerse sin elecciones, ni sostener un gobierno sobre un estado de excepción perpetuo. La transparencia en la gestión de recursos y crisis post-3 de enero es un principio elemental: hasta un secuestrado tiene el deber de defender sus principios, no entregar las “joyas de la corona” en cuartos oscuros.
Viendo todo el panorama, pareciera que el manual de gobierno de Juan Vicente Gómez revive: subastar el futuro para que un “grupito transitorio” perpetúe su poder. La transparencia y la soberanía son la defensa frente al neocolonialismo que amenaza con convertirse en esclavitud. Si Trump desea ayudar, puede colaborar repatriando los más de 350.000 millones de dólares saqueados de Venezuela mientras su gente sufre hambre.
Finalmente, sobre la ausencia absoluta: la Constitución establece que solo la imposibilidad física y definitiva del presidente para ejercer el cargo activa el artículo 233, con la sucesión temporal del vicepresidente y la convocatoria a elecciones. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la potencia invasora han reconocido la falta absoluta de Maduro al reconocer a Delcy Rodríguez, legitimando su ausencia física y el control extranjero.
Ahora bien, sin la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República, la ruptura constitucional se profundiza, recurriendo a decretos de emergencia para consolidar el control político en lugar de proteger la institucionalidad. Los venezolanos conocen los hechos: se intenta prolongar un gobierno encargado sin un solo voto, bajo una interpretación acomodaticia del TSJ y la coacción externa.
¡Toca luchar y vencer!
