La democracia es, en esencia, un acuerdo social. Un pacto invisible entre ciudadanos que aceptan las reglas, las instituciones y los resultados, incluso cuando no les favorecen. Pero ese pacto tiene una condición básica: la supervivencia. Cuando el ciudadano no puede comer, ese acuerdo se rompe. No por ideología, sino por necesidad.
La historia lo ha demostrado una y otra vez. Ningún sistema político —por más noble que sea en su diseño— puede sostenerse sobre una población empobrecida, frustrada y sin horizonte. El hambre no solo debilita el cuerpo; también erosiona la paciencia, destruye la confianza y convierte la desesperación en el principal motor de la acción política. En ese terreno, la democracia pierde su esencia y se convierte en un formalismo vacío.
Venezuela enfrenta hoy esa realidad con crudeza. Durante años, el debate público ha girado en torno a los modelos políticos, la legitimidad y los procesos electorales. Sin embargo, para millones de ciudadanos, esas discusiones son secundarias frente a una urgencia mucho más inmediata: sobrevivir. El voto, en ese contexto, deja de ser un instrumento de cambio y pasa a ser un lujo que pocos pueden permitirse ejercer con plena libertad.
No se trata de restarle valor a la democracia. Todo lo contrario. Se trata de entender que su viabilidad depende directamente de la existencia de una base económica mínima que garantice la estabilidad. Sin empleo, sin inversión, sin crecimiento, la democracia se convierte en una promesa abstracta. Y las promesas abstractas no llenan el plato de comida.
Existe una narrativa, cómoda pero peligrosa, que sostiene que la inversión solo llegará cuando exista una democracia plena. Es una afirmación atractiva desde el punto de vista moral, pero incompleta desde el punto de vista económico. El capital, en la práctica, responde a incentivos, condiciones y oportunidades. Esperar a que la política se resuelva para que la economía comience a moverse es invertir el orden natural de las cosas.
La evidencia internacional es clara: los procesos de recuperación económica, incluso en entornos políticos complejos, han sido el punto de partida para transformaciones más profundas. La estabilidad no nace únicamente de las urnas; también se construye con empleo, producción y expectativas reales de progreso.
Venezuela necesita, con urgencia, reactivar su economía. No como un objetivo secundario, sino como la prioridad central. Cada día que pasa sin crecimiento es un día en el que la democracia pierde terreno frente a la frustración social. Cada oportunidad de inversión que se retrasa es una puerta que se cierra a la estabilidad futura del país.
El desafío, por tanto, no es elegir entre democracia y economía. Es para comprender que una no puede existir sin la otra. Pero si hay que establecer un orden de acción, la historia y la realidad son contundentes: primero la comida, luego el debate político.
Porque al final, la democracia no se defiende solo con discursos, instituciones o elecciones. Se defiende garantizando que el ciudadano tenga razones para creer en ella. Y la primera de esas razones —la más básica, la más humana— es poder comer.
Sin eso, todo lo demás es teoría.
