The Daily Journal.- Diversas organizaciones sindicales venezolanas rechazaron los anuncios económicos realizados el pasado 30 de abril por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, calificándolos como un “pacto antisindical” que mantiene el deterioro del salario real y profundiza la precarización laboral.
Rodríguez informó un incremento del denominado “Ingreso Mínimo Integral” hasta el equivalente a 240 dólares mensuales, lo que representa un aumento de 50 dólares respecto al monto anterior. Sin embargo, no precisó a cuál de los componentes corresponde el ajuste, en un esquema basado principalmente en bonos como el de alimentación y el “Ingreso Contra la Guerra Económica”.
El salario mínimo, por su parte, permanece congelado desde hace cuatro años en 130 bolívares mensuales, menos de 0,30 dólares al tipo de cambio oficial.
En cuanto a las pensiones del Seguro Social, la mandataria anunció un incremento del 40%, que las ubica en un equivalente a 70 dólares. Asimismo, informó la creación de un “bono de reconocimiento profesional y académico” dirigido a sectores estratégicos, cuyos pagos tendrán carácter retroactivo desde el 30 de abril.
Durante su intervención, Rodríguez señaló que estas medidas forman parte de acuerdos alcanzados en la mesa nacional para consensos laborales y sociales, integrada por representantes del Gobierno, sectores empresariales y organizaciones sindicales como la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Alianza Sindical Independiente (ASI), así como Fedecámaras y Fedeindustrias.
No obstante, otras centrales sindicales desconocieron estos acuerdos y convocaron movilizaciones para el 1° de mayo “por el rescate de salarios, pensiones, soberanía nacional y dignidad del pueblo trabajador”.
El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Pedro Eusse, denunció que las medidas forman parte de una política de desregulación laboral. Según afirmó, “se proponen reformar la ley para eliminar el concepto legal de salario y acabar con la retroactividad de las prestaciones sociales”, lo que —a su juicio— beneficiaría a grandes capitales en detrimento de los trabajadores.
Eusse también cuestionó que el Gobierno alegue falta de recursos para mejorar los salarios mientras reporta crecimiento económico, y exigió que los bonos sean incorporados al salario para efectos de prestaciones, vacaciones y utilidades.
Entre las demandas del sector sindical destacan el establecimiento de salarios y pensiones acordes con el costo de la canasta básica, la restitución de la negociación colectiva, el respeto a la libertad sindical, la reincorporación de trabajadores despedidos y la liberación de sindicalistas detenidos.
