Julio A. López, editor jefe de The Daily Journal. — Ni Delcy Rodríguez ni los colectivos en los cerros de Caracas lo dicen. Lo reconocen tanto la propia Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) —es decir, el gobierno de Estados Unidos— como una corte federal de Nueva York, al autorizar que el Estado venezolano pague la defensa millonaria de Nicolás Maduro con el dinero de todos los venezolanos. Ese dinero solo puede aceptarse bajo una premisa implícita: que Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela. De lo contrario, no tendría justificación legal alguna para que el Estado venezolano cubriera los honorarios de sus abogados.
Como no he logrado que ningún abogado norteamericano me explique, con coherencia jurídica, moral o de principios, una situación que desafía toda lógica, este editorial aborda otros dos interrogantes fundamentales sobre el mismo caso. Primero: si Maduro realmente no tiene dinero para pagar su defensa, ¿por qué la Corte no le asigna un defensor público, como lo garantiza la Constitución de los Estados Unidos? Segundo: ¿Alguien puede creer seriamente que Maduro no dispone de recursos para pagar a sus abogados? Si la Corte así lo considera, todos deberíamos preocuparnos.
En el sistema judicial estadounidense, el derecho a la defensa es una garantía constitucional consagrada en la Sexta Enmienda. Este principio obliga al Estado a designar un defensor público cuando el acusado no puede pagar los honorarios de un abogado. Sin embargo, el caso de Nicolás Maduro introduce una anomalía evidente: su defensa ha alegado que las sanciones le impiden acceder a fondos, incluso solicitando autorizaciones a la OFAC para utilizar recursos del propio Estado venezolano.
Pero este no es un caso ordinario. Maduro no es un acusado indigente típico. Ha intentado contratar a los mejores abogados privados que el dinero puede pagar, lo que abre un debate profundo sobre quién puede financiar su defensa y bajo qué condiciones. El conflicto central no es solo legal, sino también político y moral: si las restricciones financieras afectan su derecho a elegir abogado o si, en última instancia, el sistema judicial debe intervenir mediante un defensor público.
Siempre he sostenido que cuando la política entra por la puerta del templo de Dios, la justicia y la verdad no esperan turno: salen huyendo por la ventana. En este caso, ni siquiera disimularon; abandonaron despavoridas la Corte Federal de Nueva York, donde hoy el caso de Maduro parece juzgar algo distinto de la justicia.
Esto nos conduce a una pregunta aún más inquietante: el origen del dinero. Nicolás Maduro ha sido, durante más de una década, la cabeza visible del gobierno más cuestionado por la corrupción en la historia de Venezuela. A esto se suma su paso como canciller durante los años de mayor bonanza petrolera bajo Hugo Chávez, cuando miles de millones de dólares circularon sin controles transparentes en toda la región.
Desde hace años, además, circulan versiones sobre el uso de recursos para consolidar el poder político dentro y fuera de Venezuela. Aun si se aceptara —en el terreno hipotético— que Maduro no puede disponer hoy de esos recursos, ya sea por mala administración u otras restricciones legales, ello no elimina la obligación constitucional de asignarle un defensor público.
Sin embargo, la situación alcanza un nivel aun más grave: su defensa ahora podrá plantear que el caso debe cerrarse por inmunidad de jefe de Estado. Y aquí emerge la contradicción central. Si el propio sistema —a través de licencias de la OFAC y decisiones judiciales— permite que el Estado venezolano financie su defensa, se envía un mensaje implícito de reconocimiento político que colisiona con la narrativa jurídica del caso.
En otras palabras, este proceso no se limita a juzgar a un individuo; revela una fractura profunda entre el derecho, la política internacional y la coherencia institucional. Y esa fractura, inevitablemente, exigirá una respuesta clara. No solo para los venezolanos, sino también para la propia legitimidad del sistema de justicia estadounidense. Porque en ese estrado no comparece únicamente un tirano que aún se aferra a la banda presidencial; junto a él, silenciosa pero expuesta, se somete también a juicio la credibilidad de la justicia de los Estados Unidos de América.
