The Daily Journal. – Un grupo de académicos, expertos petroleros, abogados y dirigentes políticos acudió este jueves a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer un recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada el pasado mes de enero.
Entre los demandantes se encuentran el experto petrolero Carlos Mendoza Potellá y los académicos Gustavo Márquez, Edgardo Lander y Óscar Feo.
También acompañaron la iniciativa los dirigentes sindicales Juan Piedra, de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y Eduardo Sánchez, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (SinatraUCV).
La delegación la completaron dirigentes de organizaciones políticas, como el secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Oscar Figuera; el dirigente del Bloque Histórico Popular, José Luis Ibrahim Esté; y el representante de la Corriente Comunes, Andrés Antillano.
Los accionantes exigieron a la Sala Constitucional la anulación total de la normativa y la suspensión inmediata de sus efectos, bajo el argumento de que representa una «entrega de la soberanía» y un “perjuicio irreparable al patrimonio público”.
El equipo jurídico fundamentó la acción en tres ejes principales: vicios de origen en su formación, inconstitucionalidad material y la violación de la potestad del Estado sobre el recurso energético.
El abogado asistente Ronny Reyes explicó que la pretensión principal es la nulidad absoluta debido a un «vicio de origen» en la concepción de la ley.
«Estamos pidiendo la nulidad por inconstitucionalidad material de esta ley, ya que viola una gran cantidad de artículos de la Constitución, afectando no solamente el punto de vista patrimonial, sino también el jurisdiccional», detalló.
Asimismo, enfatizó la urgencia de una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley y detener la generación de contratos que, a su juicio, ya están lesionando el patrimonio de la República.
Por su parte, el abogado Yul Jabour denunció que la reforma padece vicios procedimentales críticos, como el hecho de no haber sido enviada oportunamente al TSJ para su calificación y control de constitucionalidad previo, un paso obligatorio para las leyes de carácter orgánico.
La información contenida en el libelo de la demanda, los recurrentes sostienen que la reforma transgrede los principios de soberanía económica al permitir que decisiones fundamentales sobre el recurso queden fuera del control estatal directo.
De acuerdo con el documento presentado, la inconstitucionalidad se manifiesta en la “renuncia a la soberanía jurisdiccional”, al permitir que controversias contractuales se diriman fuera del marco legal venezolano.
Además, alertaron de la modificación de las estructuras de participación del Estado en las empresas mixtas, “lo que se traduce en una pérdida de ingresos para la Nación”.
Finalmente, los demandantes hicieron un llamado al Poder Judicial para actuar con independencia. Jabour aseguró que esta es una oportunidad para que el TSJ «se reivindique frente al país» y ponga fin a una situación que genera «minusvalía para los venezolanos sobre sus propios recursos naturales”.
