The Daily Journal. ─ La organización de derechos humanos PROVEA advirtió sobre la consolidación de un patrón de represión selectiva, militarización de la seguridad interna y criminalización de la disidencia política en el país.
La organización no gubernamental presentó este jueves su informe anual titulado Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
De acuerdo con los datos recabados, aunque en 2025 disminuyó el número total de detenciones arbitrarias respecto al periodo de represión masiva posterior a las elecciones de 2024, el Estado venezolano profundizó mecanismos de persecución focalizada contra dirigentes políticos, líderes sociales, trabajadores y defensores de derechos humanos.
Más de 500 detenciones por motivos políticos
PROVEA registró 596 presuntas violaciones al derecho a la libertad personal durante 2025. De ese total, 513 casos —equivalentes al 86%— estuvieron vinculados a motivos políticos.
La organización destacó que, si bien las detenciones generales disminuyeron 77,4% respecto al pico represivo de 2024, las detenciones individuales aumentaron 31,5% sobre el promedio histórico de las últimas décadas, lo que evidencia “una política de persecución más dirigida y selectiva”.
El informe identifica como principales víctimas a hombres, dirigentes políticos y líderes sociales, además de trabajadores y obreros. Los mayores picos de detenciones ocurrieron en enero, en el contexto de la juramentación presidencial, y entre mayo y junio, durante los comicios regionales y legislativos.
Aumento alarmante de desapariciones forzadas
Uno de los aspectos más graves documentados por PROVEA fue el incremento de las desapariciones forzadas.
La ONG contabilizó 95 casos que involucraron a 160 víctimas, una cifra que representa un aumento de 196% respecto a 2024 y de 841% frente al promedio de los últimos 25 años.
Según el informe, el 91% de estas desapariciones tuvo motivaciones políticas.
Militarización de la represión
PROVEA señaló una creciente participación de cuerpos militares y organismos de inteligencia en las labores represivas.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue responsabilizada por el 43% de las detenciones generales, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) concentró el 31% de las detenciones políticas y el 39% de las desapariciones forzadas.
El informe también atribuye una elevada participación al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), organismos que, junto con la Dgcim, ejecutaron el 97% de las detenciones registradas.
Torturas y tratos crueles continúan
En materia de integridad personal, PROVEA documentó 659 denuncias de violaciones a este derecho durante 2025.
Entre ellas, se registraron 54 denuncias de tortura. Los principales organismos señalados fueron la Dgcim, el SEBIN y la PNB.
Las víctimas denunciaron golpizas, fracturas, descargas eléctricas en partes íntimas, asfixia con bolsas, quemaduras y amputación de uñas, entre otros métodos.
La organización también reportó la muerte de Elvira Guerrero, de 65 años, bajo custodia de la PNB en Barinas, así como el fallecimiento del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, mientras permanecía detenido por el SEBIN sin recibir atención médica adecuada.
Además, PROVEA registró 580 víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo 463 presos políticos que denunciaron negación de servicios médicos, aislamiento y restricciones de contacto con familiares.
Allanamientos, amenazas y reducción de protestas
El informe reportó 33 allanamientos ilegales realizados sin orden judicial y 28 denuncias de amenazas contra familiares de presos políticos, periodistas, médicos y dirigentes opositores.
PROVEA también advirtió sobre un marcado descenso de la protesta social en Venezuela. Durante 2025 se contabilizaron 2.219 manifestaciones, una caída de 49,6% respecto al mínimo histórico previo registrado en 2013.
La organización atribuyó esta disminución al “terrorismo de Estado” instaurado tras las elecciones presidenciales de 2024.
En ese contexto, recordó el ataque perpetrado en agosto de 2025 contra una vigilia de madres de presos políticos frente al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, donde participaron funcionarios policiales y grupos civiles armados identificados como “colectivos”.
Asimismo, el informe destacó que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU concluyó que la GNB ha cometido crímenes de lesa humanidad de manera sistemática durante más de una década.
Personas mayores y menores de edad entre las víctimas
PROVEA alertó además sobre la situación de vulnerabilidad de los presos políticos.
El 32% de las personas detenidas por razones políticas supera los 55 años de edad y al menos el 11,3% presenta graves afectaciones a la salud debido a condiciones de insalubridad y falta de atención médica.
La ONG también documentó la detención arbitraria de al menos 14 menores de edad durante el año.
