Bienvenidos al Círculo Dorado de Poder y Finanzas
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Julio A. López, Editor Jefe.— Durante años, los venezolanos hemos asumido que la gran riqueza del país descansa bajo tierra. Petróleo, gas natural, oro, hierro, coltán y tierras raras han dominado el debate económico nacional y han alimentado las expectativas sobre una eventual recuperación. Sin embargo, existe otro negocio que probablemente se materialice antes que cualquier boom energético: la reestructuración de la deuda pública venezolana.
Se trata de una operación financiera, jurídica y diplomática de proporciones históricas. Un proceso rodeado del secretismo propio de las grandes negociaciones internacionales, en el que los protagonistas rara vez aparecen en los titulares, pero terminan influyendo en el destino de naciones enteras. Por esa razón, el gobierno venezolano decidió contratar a la firma internacional Hogan Lovells para asumir una de las tareas más complejas de la próxima etapa económica del país: negociar con acreedores dispersos por todo el mundo, enfrentar litigios multimillonarios, estructurar acuerdos financieros y diseñar una estrategia capaz de devolver a Venezuela al sistema financiero internacional.
La elección no parece casual. Hogan Lovells figura entre los despachos jurídicos más influyentes del planeta. Con presencia en múltiples jurisdicciones y una facturación anual cercana a los 3.000 millones de dólares, la firma se ha convertido en una referencia obligada en materia de transacciones corporativas, litigios complejos, arbitrajes internacionales y reestructuraciones financieras.
Desde 2020, al frente de la organización se encuentra un venezolano.
Miguel Zaldivar estudió en el Colegio Los Arcos, en Caracas, y se graduó como abogado de la Universidad Católica Andrés Bello en 1986. Está casado con la también abogada venezolana Ana de Zaldivar y es padre de dos hijos. Su hija, Alessandra Zaldivar, abogada de la Universidad de Washington y con estudios en la Sorbona, y su hijo, Miguel Zaldivar, graduado de Wharton y con maestría en negocios de Yale, quien trabaja en Goldman Sachs.
La trayectoria de su familia refleja una historia que abarca tres países y varias generaciones de juristas. Su bisabuelo fue juez de apelaciones en La Habana. Su abuelo integró la Corte Suprema cubana antes de la llegada de la revolución castrista. Tras abandonar Cuba, sus padres encontraron refugio en Venezuela, donde su padre llegó a convertirse en socio de Baker McKenzie. La profesión jurídica parece correr por sus venas. Su primer empleo, mientras cursaba estudios en la Facultad de Derecho, fue en el bufete Lares Tejera, despacho encabezado por Enrique Tejera-Paris, quien fue canciller de Venezuela y embajador ante los Estados Unidos.
Zaldivar posteriormente obtuvo una beca del prestigioso Programa Fulbright para cursar estudios en la Universidad de Illinois. Más tarde alcanzó uno de los mayores reconocimientos académicos posibles al graduarse summa cum laude como Juris Doctor en la Universidad de Miami en 1995.
La coincidencia histórica adquiere hoy una dimensión singular.
Entre los estudiantes que compartían aquellas aulas se encontraba un joven y ambicioso e incipiente líder del Partido Republicano, también de origen cubano, llamado Marco Rubio, actualmente Secretario de Estado de los Estados Unidos y Asesor de Seguridad Nacional interino de la administración del presidente Donald J. Trump. La acumulación simultánea de ambos cargos constituye una situación excepcional en la historia moderna de Estados Unidos. El último funcionario que concentró semejante nivel de influencia en la política exterior y de seguridad nacional fue Henry Kissinger durante la década de 1970.
Las coincidencias personales, sin embargo, son apenas una pequeña parte de la historia. Lo verdaderamente relevante es la magnitud del desafío que enfrenta Hogan Lovells. La firma ha sido señalada durante años por diversos analistas como una de las estructuras jurídicas involucradas en la arquitectura legal que permitió la emisión de los controvertidos bonos PDVSA 2020, títulos cuya garantía comprometió acciones de Citgo Holding. Aquella decisión continúa dejando sus consecuencias hasta nuestros días.
El 24 de octubre de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos intervino para impedir que los acreedores iniciaran acciones inmediatas contra Citgo tras incumplimientos por aproximadamente 913 millones de dólares. La protección inicialmente otorgada se extendió hasta enero de 2022. Desde entonces, el destino de Citgo ha transitado por los tribunales federales estadounidenses, especialmente en Delaware, donde múltiples acreedores intentan ejecutar sus reclamaciones sobre los activos venezolanos.
Las coincidencias personales, sin embargo, son apenas una pequeña parte de la historia. Lo verdaderamente relevante es la magnitud del desafío que enfrenta Hogan Lovells. La firma ha sido señalada durante años por diversos analistas como una de las estructuras jurídicas involucradas en la arquitectura legal que permitió la emisión de los controvertidos bonos PDVSA 2020, títulos cuya garantía comprometió acciones de Citgo Holding. Aquella decisión continúa dejando sus consecuencias hasta nuestros días.
El 24 de octubre de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos intervino para impedir que los acreedores iniciaran acciones inmediatas contra Citgo tras incumplimientos por aproximadamente 913 millones de dólares. La protección inicialmente otorgada se extendió hasta enero de 2022. Desde entonces, el destino de Citgo ha transitado por los tribunales federales estadounidenses, especialmente en Delaware, donde múltiples acreedores intentan ejecutar sus reclamaciones sobre los activos venezolanos.
Pero Citgo representa apenas una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Las cifras revelan la verdadera dimensión del problema. Siga en el próximo audio la segunda parte del editorial.Diversos análisis especializados estiman que la deuda externa venezolana y sus obligaciones asociadas oscilan entre 170.000 y más de 200.000 millones de dólares, según la metodología empleada y el reconocimiento de determinados reclamos.
Los bonos soberanos en cesación de pagos representan aproximadamente 31.000 millones de dólares. Los bonos emitidos por PDVSA suman otros 27.000 millones. A ello deben sumarse intereses acumulados durante años de incumplimiento, que podrían alcanzar entre 30.000 y 44.000 millones de dólares adicionales.
Sin embargo, la deuda financiera constituye solo una parte del problema.
Existen préstamos bilaterales con China cuyo saldo pendiente se estima entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. También persisten compromisos con Rusia por montos que diversas fuentes sitúan entre 2.000 y 6.000 millones.
A ello se suman obligaciones con organismos multilaterales, como el CAF y el BID, así como compromisos vinculados al Club de París.
Pero es en el terreno de los arbitrajes internacionales donde el panorama adquiere una complejidad extraordinaria.
Durante más de dos décadas, decenas de empresas extranjeras acudieron a tribunales y centros internacionales de arbitraje para reclamar compensaciones derivadas de nacionalizaciones, expropiaciones o incumplimientos contractuales.
Los nombres son conocidos por cualquier especialista en energía o en derecho internacional: ConocoPhillips, ExxonMobil, Crystallex, Rusoro Mining, Smurfit, Owens-Illinois, Lafarge y numerosas compañías adicionales que han obtenido laudos favorables o mantienen procedimientos en distintas etapas procesales.
Solo las reclamaciones asociadas a expropiaciones y arbitrajes podrían representar entre 15.000 y 25.000 millones de dólares.
Laudos por cientos o miles de millones de dólares continúan siendo ejecutados o negociados ante diversas jurisdicciones. Entre los casos ya resueltos destacan ConocoPhillips, con reclamaciones por cerca de 8.700 millones de dólares; ExxonMobil, con aproximadamente 1.600 millones de dólares; Crystallex, con 1.386 millones de dólares; Rusoro Mining, con 966 millones de dólares; Smurfit, con 469 millones de dólares; Owens-Illinois, con 455 millones de dólares; Agroinsumos y Agroisleña; y Lafarge, con aproximadamente 740 millones de dólares. Paralelamente, continúan pendientes o en fase de ejecución procedimientos relacionados con Kellogg’s, Gold Reserve, Halliburton, Helmerich & Payne, Tidewater y Williams Companies, entre otros.
Cada uno de esos expedientes posee características propias, distintos niveles de prioridad legal y mecanismos de cobro potencialmente vinculados a activos venezolanos ubicados fuera del país.
En otras palabras, Venezuela no enfrenta un solo acreedor.
Enfrenta centenares.
No enfrenta una sola negociación.
Enfrenta decenas de negociaciones simultáneas.
No enfrenta una sola jurisdicción.
Enfrenta tribunales, cortes arbitrales, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros, fondos de inversión, empresas energéticas y acreedores comerciales distribuidos por todo el planeta.
Por eso, la reestructuración venezolana podría convertirse en la más compleja de la historia moderna de América Latina y en una de las más grandes jamás ejecutadas por un país emergente.
La experiencia internacional demuestra que estas negociaciones no se resuelven únicamente con recursos financieros. Requieren credibilidad política, capacidad técnica, conocimiento jurídico, respaldo internacional y una arquitectura negociadora capaz de armonizar intereses a menudo incompatibles.
Es allí donde entran en escena los verdaderos protagonistas de esta historia.
Los abogados.
Los negociadores.
Los arquitectos financieros.
Los hombres encargados de sentarse frente a acreedores que llevan años esperando una solución.
Mientras el país debate sobre petróleo, gas, inversiones y producción energética, un reducido grupo de especialistas trabaja silenciosamente en un desafío que podría determinar el futuro económico de varias generaciones de venezolanos.
Porque antes de que lleguen las grandes inversiones, antes de que los mercados vuelvan a abrirse plenamente y antes de que Venezuela recupere acceso normal al financiamiento internacional, deberá resolver una pregunta fundamental:
¿Quién pagará la cuenta del pasado?
La respuesta no se encuentra en los pozos petroleros ni en las minas de oro.
Se encuentra en las salas de negociación.
Y por ello, el futuro económico de Venezuela durante las próximas décadas dependerá en gran medida de lo que logren negociar los hombres del presidente frente a una de las deudas soberanas más grandes, complejas y litigiosas del mundo contemporáneo.
La verdadera batalla por la reconstrucción económica de Venezuela probablemente no comenzará en los campos petroleros.
Comenzará alrededor de una mesa de negociación.
