The Daily Journal. — El sector universitario se sumó formalmente este miércoles a la paralización nacional de la enseñanza pública. Con esta incorporación, las actividades académicas se encuentran suspendidas en todos los niveles del sistema formativo del país —desde la educación básica y media diversificada, hasta las principales casas de estudio superior— por un lapso de 24 horas.
Los gremios profesorales de universidades autónomas y experimentales decidieron cruzar sus brazos de manera coordinada con el magisterio nacional, elevando una agenda común que exige el freno a la política de bonificaciones y la restitución del valor del salario real.
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Afonso, confirmó el alcance nacional de la medida y delineó los ejes centrales que motivaron a la comunidad universitaria a tomar las vías del conflicto laboral.
«La demanda sigue siendo la misma: la salarización de nuestras remuneraciones, el pago sin discriminación del bono de responsabilidad profesional y el inicio de la discusión de los contratos colectivos en todos los gremios docentes», detalló.
El líder de la APUCV enfatizó que la huelga busca enviar un mensaje contundente y unificado a la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre el rumbo que ha tomado la gestión de las universidades del Estado: «En forma unitaria y contundente, hablemos fuerte señalando al país que debe caminar en otra dirección el tratamiento al sector universitario».
La realidad en las regiones: «Nos obligan a apretarnos el cinturón hasta la asfixia»
Por su parte, desde el occidente del país, la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (APUNELLEZ), Seccional Barinas, respaldó de manera enérgica el paro. El presidente de esta seccional, el profesor Genry Becerra, denunció la profunda asfixia financiera y la brecha social existente entre la dirigencia política y la comunidad académica.
«Mientras quienes gobiernan gastan a manos llenas el dinero del pueblo y lucen cinturones cada vez más anchos, los trabajadores de la educación nos vemos obligados a apretarnos el nuestro hasta la asfixia», dijo Becerra en una entrevista a medios locales.
El dirigente sindical recordó que en el país «no existe respeto por las tablas salariales, el bono vacacional, los aguinaldos y, mucho menos, por las prestaciones sociales».
«La realidad es que, tras más de 25 años de servicio, al final del camino terminamos debiéndole dinero a la institución a la que le dedicamos nuestra vida profesional», sentenció Becerra.
Colapso de la previsión social
El descontento en el sector universitario va más allá de las pírricas escalas salariales vigentes. La dirigencia de APUNELLEZ Barinas alertó sobre el desmantelamiento de los esquemas de salud y protección social del profesorado.
«La indolencia gubernamental, sumada a la intervención de la universidad, ha dejado a la deriva a nuestro Instituto de Previsión Social (IPP). En su lugar, han creado un elefante blanco que se maneja a discreción, que no resistiría una auditoría y donde se amenaza con la destitución a quien se atreva a exigir cuentas claras», fustigó el portavoz gremial en alusión a las estructuras paralelas de salud impuestas por el Ministerio de Educación Universitaria.
