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Julio A. López, editor jefe.- Hace unos días publicamos que diversas plataformas de monitoreo aéreo registraron más de 300 vuelos de aeronaves militares estadounidenses sobre el espacio aéreo venezolano en un lapso relativamente corto.
La magnitud de aquella actividad resultaba demasiado evidente para pasar inadvertida. Analistas, observadores y ciudadanos formularon toda clase de hipótesis sobre el alcance de una operación que, por su volumen, sugería un esfuerzo extraordinario de vigilancia e inteligencia.
Las especulaciones terminaron cuando el presidente Donald Trump anunció, a través de Truth Social, la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua. Según la versión oficial, la operación fue ejecutada por fuerzas estadounidenses tras un extenso trabajo de inteligencia.
Pocos discutirán la gravedad de los delitos atribuidos a esa organización criminal y los sobrados méritos que tenía sobre su cabeza el líder de esta banda delictiva. Sin embargo, la noticia abre una pregunta mucho más profunda para los venezolanos: ¿qué ocurre con quienes, desde posiciones de poder, permitieron durante años el crecimiento de estructuras criminales que terminaron por proyectar su influencia más allá de las fronteras nacionales?
La tragedia venezolana no se limita a la existencia de una organización criminal. El verdadero drama radica en el colapso institucional que obligó a un tercio de los ciudadanos a abandonar el país, fragmentó innumerables familias y provocó la mayor crisis migratoria del mundo.
Durante años, organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y víctimas han documentado denuncias de abusos, persecución política, detenciones arbitrarias y violaciones de derechos fundamentales. Frente a esos señalamientos, la exigencia de los venezolanos es: verdad, justicia y rendición de cuentas.
La reconstrucción de Venezuela exige que cada responsable responda ante la ley y ante la historia. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué ocurrió, quién tomó las decisiones y quiénes se beneficiaron mientras el país se hundía en una crisis que expulsó a millones de sus hijos.
Las sociedades democráticas no se reconstruyen mediante la fuerza, sino mediante instituciones capaces de investigar, juzgar y sancionar. La justicia puede tardar, pero sigue siendo el único camino legítimo para cerrar las heridas de una nación y evitar que la historia se repita.
¿Pero qué hay de aquellos que siguen ocupando puestos en el gobierno y son responsables de que un tercio de la población haya huido del país? ¿Qué hay de quienes llevaron a Venezuela a un sismo estructural en el que la base misma de la sociedad —la familia— quedó, en muchos casos, dispersa por todo el mundo?
Esos mismos que dieron órdenes o, como mínimo, fueron partícipes pasivos de torturas y de todo tipo de crímenes de lesa humanidad. Esos también deben responder por sus actos y merecen una acción tan contundente como la que ayer recibió el “Niño” Guerrero.
Y el pueblo venezolano no pide favores ni espera donaciones. Apoya y aplaude que el dinero que reposa en la cuenta del tesoro norteamericano proveniente de la venta del petróleo sea usado para pagar por el respectivo misil para todos aquellos que llevaron al país al borde de la disolución y provocaron la mayor tragedia humana de nuestra historia como nación.
