Héctor Sánchez, sociólogo.– La injusticia que hoy asfixia a Venezuela no es un hecho aislado, sino parte de un patrón histórico de «excepcionalidad» en el que las ciudadanas y ciudadanos hemos quedado atrapados en las disputas de los poderosos.
Bajo la máscara de un supuesto «interés superior», diversos bandos pervierten el bienestar común para actuar y decidir en nuestro nombre mientras que, en la práctica, solo profundizan el despojo para beneficio propio. Esto lo podemos ver en el comportamiento que ambos bandos han tenido ante la tragedia del terremoto del 24J.
Como ha señalado la tradición crítica latinoamericana, nos enfrentamos a una «alquimia colonial» donde nuestra riqueza genera nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos, tanto del gobierno como de la oposición.
Hoy, la sociedad venezolana se encuentra estrujada entre dos fuerzas igualmente cínicas. Por un lado, un gobierno dispuesto a recurrir a la represión y al fraude electoral para perpetuarse en el poder bajo la excusa de «protegernos», mientras se acomoda a tutelas externas según su conveniencia. Del otro, una cúpula de oposición capaz de cualquier concesión con tal de alcanzar el poder y sustituir a los antiguos vasallos en su relación con los centros de poder. Esta «burguesía de comisionistas», como la llamaría Eduardo Galeano, parece haber vendido el alma al diablo a un precio que avergonzaría a Fausto.
La intervención extranjera revela, ante todo, la pobreza moral de una dirigencia que subordina la soberanía nacional al cálculo de sus propias ventajas políticas. Es una forma de «mendicidad» donde la soberanía ha pasado a un lejano segundo plano.
Estamos ante unas «prácticas esquizofrénicas» donde las partes prefieren quemar la casa con todos adentro antes que ceder la razón a la realidad histórica del pueblo venezolano. Mientras la dirigencia compite por demostrar quién es el mejor sirviente de intereses foráneos, el pueblo padece las consecuencias de este intercambio desigual, donde se exporta miseria para financiar el bienestar ajeno.
Es hora de decir basta a estas tutelas asfixiantes. Los venezolanos no somos un pueblo en minoría de edad ni carente de capacidades. No necesitamos ser «salvados» desde Miraflores, Miami o la Casa Blanca. Siguiendo el pensamiento nacional-popular latinoamericano, debemos rechazar la tremenda sugestión de pensar que no es posible un camino propio y soberano. Debemos salir de los invasores y de sus cómplices internos.
El poder real no reside en los palacios, las embajadas, ni en los influencers interesados únicamente en monetizar la tragedia. El poder verdadero se manifiesta en la mano extendida, en la calle, el barrio, las urbanizaciones, los pueblos, la fábrica y la universidad. Como se evidenció tras la reciente tragedia nacional, es el pueblo organizado el único capaz de reconocerse y decidir su destino por encima de cualquier imperio o facción.
Romper esta lógica perversa no es un mero acto de fe; es un acto de voluntad política. Y la voluntad es, en última instancia, lo único que nunca nos han podido arrebatar. Para el pueblo venezolano es necesario ir más allá del juego de intereses de los poderosos, pues más allá de las cúpulas está la solución.
