The Daily Journal.– La organización venezolana de derechos humanos Provea exigió a las autoridades del Estado venezolano información detallada sobre la operación militar en el sur del país, coordinada entre Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez, que habría dejado como resultado la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero, alias “Niño Guerrero”, señalado como líder del grupo criminal Tren de Aragua.
En un comunicado, Provea afirmó que la lucha contra el crimen organizado debe realizarse bajo el respeto estricto del marco constitucional. “La lucha contra el crimen organizado debe realizarse bajo la obligación estricta, por parte de las autoridades del Estado, de garantizar la seguridad a la población”, señaló la organización, al advertir que estas acciones “no pueden desarrollarse sin respetar la Constitución y las instituciones, ni violando la soberanía nacional”.
La ONG indicó que la ciudadanía “tiene derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los mandos responsables de la operación coordinada entre EE. UU. y el gobierno de Delcy Rodríguez”, y sostuvo que, con la información disponible, el hecho “constituye presuntamente una clara violación de la soberanía territorial del país y una grave violación de los derechos humanos debido a la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial”.
Provea también solicitó al Estado venezolano detalles sobre el saldo del operativo. “El Estado venezolano tiene la obligación de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano del operativo: número exacto de fallecidos, heridos y detenidos, asegurando la debida identificación de las víctimas”, indicó.
La organización recordó que el pasado 9 de junio solicitó a las autoridades información sobre estos operativos en el estado Bolívar, sin obtener respuesta inmediata. “Sin embargo, las autoridades no brindaron ninguna información sino hasta que pudo conocerse la acción militar por parte de voceros de la Casa Blanca”, agregó.
Provea advirtió además sobre patrones previos en operativos de seguridad en el país. “Se debe insistir con contundencia en que la acción del Estado no puede traducirse bajo ninguna circunstancia en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles”, señaló.
La organización vinculó la situación en el sur del país con el deterioro institucional y la actividad extractiva en la región. “La violencia y el control ejercido por agrupaciones criminales en el sur de Venezuela son el resultado directo de años de abandono estatal y de una política que priorizó la extracción opaca de recursos sobre la institucionalidad”, afirmó.
Provea recordó que la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016 impulsó la expansión de la minería a gran escala y el aumento de disputas por el control territorial y los recursos.
Exigencias institucionales
La ONG pidió además explicaciones al Ministerio Público sobre su conocimiento del operativo y la eventual apertura de investigaciones.
Asimismo, instó a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse sobre su actuación en la supervisión de la operación y la protección de los derechos humanos.
Provea exigió “transparencia absoluta sobre los acuerdos internacionales que amparan esta operación y garantías plenas de que no se repetirán los patrones de ejecuciones extrajudiciales”.
Finalmente, advirtió que la lucha contra el crimen organizado “no puede servir de carta blanca para violar los derechos humanos” y alertó sobre el riesgo de que la cooperación internacional en seguridad derive en actuaciones contrarias a los estándares internacionales.
