The Daily Journal.— Organizaciones no gubernamentales lanzaron una alerta este martes ante el desarrollo de un operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el sur del estado Bolívar, específicamente en las zonas estratégicas de Las Claritas, Las Cristinas y el Kilómetro 88 (Municipio Sifontes). Las organizaciones explicaron que la acción militar, ejecutada principalmente con apoyo de helicópteros artillados, busca reconfigurar el control de los yacimientos de oro y advirtieron de los riesgos para la población civil y las comunidades indígenas.
De acuerdo con los reportes validados en el terreno por las redes de monitoreo de ambas instituciones, las comisiones del Ejército venezolano centran sus esfuerzos en desalojar a los Grupos Armados Organizados (GAO), conocidos localmente como «sindicatos» o estructuras criminales, que ejercen el control territorial en el marco del Arco Minero del Orinoco.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) confirmó que el despliegue está en pleno desarrollo en el Kilómetro 88, un área históricamente dominada por bandas armadas ilegales. La organización manifestó su profunda preocupación por los antecedentes de operativos similares en el país.
«Alertamos sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias contra la población civil en la zona (…). Operativos similares en zonas mineras y populares de Venezuela, como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) con participación de la FANB, incluidos los Operativos Trueno, dejaron cientos de abusos», denunció PROVEA a través de sus canales oficiales.
La organización de derechos humanos emplazó directamente a la Defensoría del Pueblo a intervenir para supervisar las acciones en Bolívar y exigió cuentas a la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez:
«Solicitamos a la administración de Delcy Rodríguez que informe con transparencia sobre el alcance de la operación, el número de personas detenidas, su situación legal y la condición de los civiles en el área. Recordamos que el Estado venezolano abandonó sus obligaciones de proveer seguridad y calidad de vida a los pobladores de esta región del país; ahora, ese abandono no puede ser sustituido mediante la actuación pendular basada en el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza pública», apuntó Provea.
Por su parte, la ONG SOS Orinoco, que realiza un seguimiento sistemático de la Amazonía venezolana, catalogó la situación en el municipio Sifontes como «crítica». Los analistas de la organización aclararon que este conflicto no es fortuito, sino la consecuencia directa del decreto del Arco Minero del Orinoco emitido en 2016, mediante el cual se entregaron más de 111.000 kilómetros cuadrados «sin aprobación legislativa, sin consulta ciudadana previa y sin estudios de impacto socioambiental».
«Este conflicto no es un hecho aislado. Es la expresión de un sistema de gobernanza criminal (…). El operativo actual ocurre en áreas estratégicas (Las Brisas – Las Cristinas) con enormes reservas minerales y antecedentes de disputas legales internacionales. Esto evidencia que existen fuertes presiones políticas para reconfigurar el control del territorio», aseveró SOS Orinoco.
La organización advirtió que una respuesta basada exclusivamente en la «fuerza bruta» no resolverá la crisis estructural y podría desencadenar desplazamientos masivos, violencia contra inocentes y una agudización de la emergencia humanitaria.
Verificación de hechos: Qué es cierto y qué es falso en el terreno
Ante la ola de rumores y la difusión de material audiovisual antiguo en las redes sociales, SOS Orinoco publicó un balance de contraste informativo basado en su red de aliados locales.
La ONG detalló que se registran «fuertes enfrentamientos» en el Kilómetro 88 (Las Claritas), dirigidos contra «líderes mineros locales (presuntamente la estructura de alias “Juancho”) para sacarlos del complejo Las Brisas-Las Cristinas».
Mientras tanto, en El Callao, se ejecutan «estrictas inspecciones de seguridad a las plantas de procesamiento de la Corporación Venezolana de Minería». Por otro lado, en El Dorado, «las estructuras carcelarias (pranes) iniciaron movimientos de resguardo preventivo».
SOS Orinoco desmintió los rumores sobre la supuesta presencia de tropas de Estados Unidos en el estado Bolívar, calificando la matriz como «irresponsable». Asimismo, aclararon que no se trata de una ofensiva terrestre masiva ni de un despliegue generalizado en todo el municipio Sifontes, sino de ataques aéreos focalizados con helicópteros.
