Por Diego Bavio, licenciado en seguridad.
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Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, Argentina, 19 de junio de 2026 – La desaparición de Héctor «Niño» Guerrero, líder del Tren de Aragua, reabrió el debate sobre seguridad, crimen organizado y soberanía en Venezuela. Sin embargo, existe una pregunta más importante que rara vez ocupa el centro de la discusión: ¿la caída de un jefe criminal resuelve realmente el problema?
Las elecciones pueden cambiar un gobierno. Solo la recuperación del territorio puede restaurar plenamente la soberanía de una República.
Durante años, el debate sobre Venezuela se centró en las elecciones, las sanciones, la crisis económica y la transición política. Sin embargo, existe una pregunta más profunda que rara vez ocupa el centro de la discusión:
¿Quién gobierna realmente cada rincón del territorio venezolano?
La transición democrática es una condición necesaria para reconstruir el país. Pero no será suficiente por sí sola. Ninguna República puede sostenerse si amplias regiones de su territorio permanecen fuera del control efectivo del Estado.
La soberanía no se ejerce únicamente mediante constituciones, leyes o reconocimientos internacionales. Se ejerce mediante la capacidad real del Estado para garantizar la seguridad, administrar justicia, proteger los recursos estratégicos y hacer cumplir la ley en cada kilómetro de su territorio.
Durante las últimas décadas, Venezuela ha experimentado una erosión progresiva de su autoridad territorial. Mientras buena parte de la atención pública se concentraba en Caracas, regiones fronterizas y zonas de explotación de recursos naturales comenzaron a transformarse en espacios donde organizaciones criminales, grupos armados y economías ilícitas alcanzaron un nivel creciente de influencia.
El caso más visible es el Arco Minero del Orinoco.
Presentado originalmente como una herramienta para impulsar el desarrollo económico, terminó convirtiéndose en uno de los mayores desafíos para la soberanía nacional. En amplias áreas convergen la minería ilegal, organizaciones criminales, grupos armados y redes vinculadas a economías ilícitas.
Las consecuencias no son únicamente ambientales ni de seguridad. También afectan la capacidad del país para atraer inversiones, desarrollar infraestructura y aprovechar plenamente sus recursos estratégicos.
Ningún país puede desplegar todo su potencial productivo cuando parte de su territorio permanece bajo la influencia de estructuras paralelas de poder.
La experiencia colombiana ofrece una lección relevante.
La recuperación territorial impulsada durante los gobiernos de Álvaro Uribe y, posteriormente, de Juan Manuel Santos no fue solo una política de seguridad. También fue una política de desarrollo económico.
A medida que disminuyeron los ataques contra oleoductos, instalaciones energéticas e infraestructura crítica, Colombia logró generar condiciones más favorables para la inversión y expandir significativamente su producción petrolera. La recuperación del control territorial fortaleció simultáneamente al Estado y a la economía.
El contraste con Venezuela resulta difícil de ignorar.
Mientras Colombia fortalecía la presencia estatal sobre corredores estratégicos y regiones productivas, Venezuela veía expandirse estructuras vinculadas al contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico y otras economías ilícitas.
La lección para la futura Venezuela es evidente.
La recuperación del control efectivo sobre regiones estratégicas como el Arco Minero del Orinoco, las zonas fronterizas y los principales corredores económicos no constituye únicamente un objetivo de seguridad nacional. También constituye una condición indispensable para liberar el enorme potencial productivo del país.
La recuperación territorial no será una tarea exclusivamente militar ni policial.
Tampoco podrá resolverse mediante decretos.
Exigirá reconstruir instituciones, fortalecer la presencia estatal, combatir las economías ilícitas, proteger a las comunidades vulnerables y crear oportunidades económicas legítimas para miles de ciudadanos. Exigirá un liderazgo claro y un rumbo definido.
No puede existir seguridad sin Estado.
No puede existir desarrollo sin seguridad.
No puede existir soberanía donde la República ha dejado de gobernar.
La transición venezolana será recordada por la recuperación de la democracia.
Pero su verdadero éxito dependerá de algo mucho más ambicioso: la capacidad de restituir la autoridad de la República en cada rincón del territorio nacional.
Porque la República termina donde termina el Estado.
