The Daily Journal – El Gobierno de Venezuela, bajo la conducción de encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, notificó formalmente este viernes al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el retiro definitivo del país de la Corte Penal Internacional (CPI), conforme al Artículo 127 del tratado fundacional del tribunal.
El anuncio fue realizado por el canciller de la República, Félix Plasencia González, a través de sus redes sociales, donde dio a conocer el comunicado oficial del Ejecutivo venezolano.
En el documento, Venezuela sostiene que “la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”.
El Gobierno venezolano afirma que este patrón revela “una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía”.
“Este sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger”, agregó el canciller Plasencia en el comunicado.
Caracas rechazó además lo que calificó como una “dimensión de lawfare” —guerra judicial— que, a su juicio, “perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir”.
“Reiteramos nuestro compromiso con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, concluyó el canciller en el texto oficial.
El Artículo 127 del Estatuto de Roma establece que “todo Estado Parte podrá denunciar el presente Estatuto mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas”. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior.
Durante ese período, Venezuela sigue obligada por las disposiciones del tratado respecto a las situaciones ya bajo examen de la Corte.
La relación entre Venezuela y la CPI ha estado marcada por años de tensiones. El tribunal mantiene abierta una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2017, un proceso que el gobierno de Nicolás Maduro siempre ha calificado de persecución política motivada por intereses geopolíticos.
En diciembre de 2025, la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría oficialista, aprobó por unanimidad una ley para derogar la adhesión del país al Estatuto de Roma. Previamente, la Fiscalía de la CPI había anunciado el cierre de su oficina técnica en Caracas, al advertir una falta de “progreso real” en materia de “complementariedad”.
