The Daily Journal.- El año 2026 ha registrado 92 terremotos con magnitudes superiores a 6.0 a nivel global, una cifra que reafirma la dinámica geológica del planeta y coloca a América Latina en el centro de la urgencia preventiva. Ante la imposibilidad científica de predecir sismos, los gobiernos de la región se ven obligados a transformar sus políticas de gestión de riesgos, priorizando la infraestructura sismorresistente y los sistemas de alerta temprana.
Cifras del impacto: Venezuela y Colombia en el epicentro
Los datos recientes ilustran la severidad del escenario. El 24 de junio de 2026, un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudió el centro-norte de Venezuela. Según cifras oficiales, el saldo fue de 6.438 fallecidos y 86.358 personas atendidas, con daños estimados en US$20.000 millones, convirtiéndolo en la catástrofe natural más costosa de la región desde el terremoto de Chile en 2010, según el Swiss Re Institute.
Semanas después, el 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 golpeó el occidente de Colombia, dejando 294 fallecidos. Oxford Economics proyecta que el impacto directo equivaldrá a entre 0,2% y 0,4% del PIB (entre US$990 millones y US$1.980 millones), aunque el gasto público en reconstrucción compensará parte de la caída en la demanda privada. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC) lanzó un llamamiento de CHF 25 millones para apoyar la respuesta humanitaria.
Ranking de vulnerabilidad y proyecciones regionales
El World Risk Report 2025, elaborado por Bündnis Entwicklung Hilft y el IFHV, advierte que “los fenómenos naturales extremos, como las inundaciones, las tormentas, las sequías y los terremotos, afectan la vida cotidiana de una gran parte de la población mundial”.
El informe posiciona a varios países latinoamericanos entre los de mayor riesgo mundial: Colombia ocupa el 4° lugar (índice 39,26), México el 5° (38,96), Perú el 14° (25,81), Ecuador el 18° (24,14) y Venezuela el 22° (22,12). Esta clasificación combina la exposición a amenazas con factores de vulnerabilidad estructural y debilidad en los sistemas de salud.
La respuesta estatal: de la alerta temprana a la reconstrucción
Frente a esta realidad, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) es categórico: “ninguna institución científica posee la capacidad de predecir la fecha, hora, ubicación y magnitud de un terremoto”. Por ello, la estrategia se centra en la mitigación.
En Venezuela, tras el doblete sísmico, el Gobierno inspeccionó 54.109 edificaciones: 34.680 resultaron aptas, 10.696 en alto riesgo y 13.733 con acceso limitado, mientras se declaró zona de desastre al estado La Guaira. En Colombia, las evaluaciones humanitarias priorizan alojamiento temporal, agua segura y la reparación de infraestructura vial crítica, aunque las cifras oficiales de Bogotá distan de la realidad que analistas locales exponen.
Los expertos insisten en que los Estados deben destinar recursos presupuestarios a los ministerios de gestión de riesgo. La inversión en tecnología de detección, como los sistemas de alerta temprana del Cinturón de Fuego del Pacífico, y la educación comunitaria son las únicas barreras efectivas para evitar que la actividad geológica derive en tragedias sociales para las comunidades más postergadas del Sur Global.
Con información de Logística Humanitaria, Bloomberg, teleSUR
