The Daily Journal — Al cumplirse dos meses de los terremotos que devastaron la región central de Venezuela, un grupo de familiares de los deportados del vuelo 164 se concentró este lunes frente a la sede de la Misión Vuelta a la Patria en Caracas para exigir respuestas al gobierno sobre la suerte de sus seres queridos, atrapados en el colapso del Hotel Santuario La Llanada en La Guaira.
Los manifestantes reclaman un registro oficial de los pasajeros del vuelo y exigen saber por qué sus allegados permanecían retenidos en el hotel cuando ocurrió el desastre. Según los familiares, al menos 147 migrantes deportados fallecieron tras el derrumbe de la estructura.
La tragedia del vuelo 164
El 24 de junio de 2026, un avión fletado por la empresa GlobalX aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con 146 venezolanos deportados desde Estados Unidos. A bordo viajaban 120 hombres, 19 mujeres y siete menores de edad, en el marco del programa estatal Misión Gran Vuelta a la Patria.
El vuelo había partido originalmente desde Phoenix, Arizona, con escalas en El Paso, Texas, y Miami, Florida. Apenas horas después del desembarque, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la región, causando una de las catástrofes más devastadoras en la historia reciente de Venezuela, con cerca de 6.500 muertos y un número indeterminado de desaparecidos.
Los deportados fueron trasladados por las autoridades venezolanas al Hotel Santuario La Llanada, una instalación controlada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde debían someterse a exámenes médicos y trámites de identificación. El edificio colapsó durante los sismos, sepultando a la mayoría de los ocupantes.
Los testimonios de las madres de las víctimas revelan una profunda indignación por las condiciones en que fueron retenidos sus hijos.
Luz Marina Meléndez, madre de Angelo Mejía Meléndez, de 27 años, relató que su hijo vivía en Tampa y estaba tramitando su asilo cuando fue detenido tras un accidente de tránsito. Optó por la deportación voluntaria y abordó el vuelo 164.
La madre recibió la última llamada de su hijo el 24 de junio, a las 4:37 de la tarde, cuando un funcionario del Sebin se lo puso al teléfono: «Viejita, estoy muy cansado, hablamos cuando llegue a casa«. Hora y media después, los terremotos arrasaron el hotel.
Oswadeliz Núñez, madre de Daniel Alejandro Núñez, de 28 años, cuestiona directamente la responsabilidad del Estado: «¿Por qué fueron detenidos indebidamente si no tenían antecedentes penales? Si los hubiesen entregado a sus familiares, hoy estarían vivos». Y sentenció: «Que hayan estado en ese sitio es culpa del Sebin«.
Según los testimonios de sobrevivientes, los deportados fueron sometidos a una «investigación exhaustiva» al llegar al país. «Nos contaron que les quitaron sus pertenencias y sus teléfonos con las claves para revisar sus redes, los llamaban apátridas y los maltrataron«, denunciaron las madres.
Osvadeli Núñez, madre de otra de las víctimas, afirmó que el hotel también era utilizado para albergar a personas con problemas de drogas rescatadas de la calle.
Dos meses de silencio
A dos meses de la tragedia, las familias denuncian un «bloqueo total» de información por parte de las autoridades. El gobierno venezolano, a través del programa Vuelta a la Patria, anunció la llegada del vuelo 164 y aseguró que los pasajeros habían sido recibidos «con dignidad» y bajo «todos los protocolos necesarios», pero no ha ofrecido un balance público oficial sobre el destino específico de este grupo.
«No hubo un buen trato desde la recepción aquí en Venezuela, porque ellos fueron maltratados, porque le sacaron su documentación… eso es una detención indebida», denunció Osvadeli Núñez ante los medios. «Queremos saber por qué, dónde está escrito eso, dónde está el protocolo, dónde está el procedimiento de deportación y de repatriación entre EE.UU. y Venezuela, para saber por qué ellos estaban así«, cuestionó.
Yusmarina Meléndez, madre de otra víctima, relató que se enteró de la muerte de su hijo por un sobreviviente que encontró en el hospital. Halló el cadáver en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira y lo reconoció por los tatuajes y una tarjeta de vacunas que llevaba en el bolsillo. Exige que las autoridades publiquen una lista con nombres, apellidos y el registro de todos los fallecidos y sobrevivientes.
«Tienen que hacer responsables porque eran personas, seres humanos, de los cuales ellos estaban a cargo« exigió.
Durante la concentración, una de las madres afectadas reclamó la determinación de responsabilidades con una frase contundente: «Uno tiene que asumir cuando uno falla. Fallamos ante ustedes, ante todos los familiares».
También recordó las palabras que su hijo le transmitió durante el proceso de deportación: «Nunca pensé que ser deportado era tan duro«.
Apoyo internacional
La Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), con sede en Miami, ha asumido el respaldo legal y humanitario de los familiares. La presidenta de la organización, Helene Villalonga, declaró: «Decidimos acompañar a estas familias porque, cuando comenzamos a escucharlas, entendimos que alrededor del vuelo 164 todavía hay demasiadas preguntas sin respuestas».
La organización busca reconstruir el operativo de deportación desde su origen en territorio estadounidense hasta la retención de los ciudadanos en instalaciones venezolanas. «Para nosotros esto no comienza solamente con el terremoto y con lo que ocurrió en el Santuario La Llanada», señaló la activista.
Daniely Hurtado, viuda de Eduardo José Osal Mujica, uno de los pasajeros fallecidos, manifestó la ausencia de atención por parte del Estado.
La concentración de este lunes evidencia la profunda herida que la tragedia del vuelo 164 ha dejado en decenas de familias venezolanas. Dos meses después de los sismos, persisten interrogantes fundamentales: ¿Cuántos de los 146 deportados sobrevivieron? ¿Cuántos fallecieron? ¿Por qué fueron retenidos en un hotel que, según las madres, funcionaba como centro de detención del Sebin? ¿Existían protocolos de seguridad para los deportados?
Mientras el gobierno no ofrece respuestas, los familiares prometen continuar su lucha. «Tenemos derecho a saber«, repiten como un eco que resuena frente a la sede de la Misión Vuelta a la Patria, en el corazón de Caracas.
