The Daily Journal – Un grupo de expresos políticos solicitó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que permita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificar las listas de excarcelaciones realizadas desde enero pasado, luego de que el Gobierno cifrara en 1.046 los liberados hasta la fecha.
La petición fue formulada este martes por Carlos Julio Rojas, miembro de la Red de Expresos políticos por la Democracia (RED), quien señaló que el proceso de excarcelaciones «pareciera que es una lotería» y criticó que el Ejecutivo no haya publicado las listas oficiales de los beneficiados.
Rojas recordó que Rodríguez anunció en enero pasado que llamaría al alto comisionado de la ONU, Volker Türk, para que verificara los registros, pero aseguró que hasta la fecha «eso no se ha cumplido», algo que los representantes de la oficina en Caracas confirmaron en una reunión el viernes anterior.
En el encuentro con la oficina local de la ONU participaron el exdiputado Williams Dávila, el director de Punto de Corte, Nicmer Evans, y otros activistas como José Riera, Nathan Ali Barillas Ramírez, Angel Godoy y Félix Perdomo, además de Rojas.
La RED, conformada por cerca de un centenar de expresos políticos, también planteó que el Alto Comisionado participe en las negociaciones entre el chavismo y la oposición, y propuso la creación de una comisión mixta que visite los centros penitenciatorios.
Asimismo, el grupo impulsa una «política de reparación integral que elimine antecedentes penales y frene la estigmatización financiera, como el bloqueo de cuentas bancarias, contra las víctimas de detenciones por motivos políticos».
Dávila agregó que el proceso debería incluir el «reconocimiento formal de las víctimas, indemnizaciones por los daños ocasionados, recuperación de bienes, atención psicológica y médica, reintegración familiar, pensiones especiales».
El anuncio oficial de las 1.046 liberaciones fue realizado el lunes por la propia Rodríguez, quien atribuyó la medida al «Programa de Convivencia Democrática y Paz» iniciado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.
La mandataria afirmó que su Gobierno trabaja en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja para «revisar las condiciones de los centros de reclusión» y que la alianza busca que «la comunidad internacional conozca de primera mano las mejoras y avances» en el sistema penitenciario.
Sin embargo, las cifras oficiales no coinciden con los registros de organizaciones independientes. Hasta junio pasado, la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de presos políticos, había verificado la liberación de 894 personas.
En las últimas excarcelaciones, ocurridas a mediados de agosto, el Gobierno anunció la liberación de 131 personas, pero Foro Penal solo pudo verificar 81, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora, contabilizó 105.
El Parlamento, de mayoría oficialista, había aprobado en febrero una ley de amnistía que benefició a más de 8.000 personas, aunque la mayoría de ellas ya se encontraban en libertad restringida.
Rodríguez también se comprometió a eliminar los controles policiales en las ciudades, mayormente acusados de extorsiones, y a reforzar el patrullaje con mecanismos «respetuosos» de los derechos humanos.
Con información de EFE.
