The Daily Journal. — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresaron su profunda preocupación por la expansión de la minería ilegal de oro en el sur de Venezuela y denunciaron sus graves impactos sobre las comunidades locales.
Los organismos advirtieron que «la persistencia de la trata de personas, la explotación sexual, el deterioro de las condiciones de salud y las afectaciones a territorios indígenas se producen en un contexto de creciente influencia y control territorial por parte de estructuras armadas».
Durante una audiencia pública, se reveló que la extracción no autorizada superó los límites del Arco Minero del Orinoco y penetró en zonas bajo protección ambiental, como la Reserva Forestal La Paragua y el Parque Nacional Canaima. En esta última área, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad, «se habrían perdido 300 hectáreas adicionales por la expansión de la minería ilegal durante el período 2024-2025».
Control territorial armado y vulneración de tierras indígenas
Según los datos documentados por organizaciones de la sociedad civil y presentados ante el organismo, existirían «al menos 26 grupos armados organizados con presencia en 20 de los 21 municipios del sur del Orinoco de Venezuela, con control sobre zonas mineras y operaciones extendidas hacia áreas fronterizas», configurando un desafío de alcance regional frente al crimen organizado.
Esta dinámica extractiva impacta de forma directa a pueblos originarios como los Yanomami, Pemón y Warao mediante la ocupación no autorizada de sus hábitats y la militarización.
Ante este escenario y la reciente promulgación de la Ley Orgánica de Minas en abril de 2026, la CIDH y la REDESCA instaron al Estado venezolano a implementar «medidas efectivas, culturalmente adecuadas y concertadas para proteger los territorios indígenas, prevenir la ocupación ilegal de sus tierras, avanzar en los procesos de demarcación y titulación pendientes» y asegurar los mecanismos de consulta previa, libre e informada.
Explotación, violencia de género e intoxicación por mercurio
El informe pone especial énfasis en la situación de vulnerabilidad de las mujeres indígenas y aquellas que transitan los corredores mineros, señalando que «la trata de personas, la explotación sexual y otras formas de violencia basada en género persistirían en zonas vinculadas a la actividad minera, en contextos caracterizados por control territorial armado, ausencia de garantías de protección, dependencia económica y barreras de acceso a la justicia».
En materia de salud pública y ambiente, se alertó sobre la contaminación de fuentes hídricas en Canaima, donde los efectos del mercurio «alcanzan hasta 100 kilómetros aguas abajo». De los 2,6 kilogramos de mercurio utilizados por cada kilogramo de oro obtenido, un 13 % llega a los ríos y un 3 % se transforma en metilmercurio que se bioacumula en la fauna acuática.
Las organizaciones alertaron que «las tasas de mortalidad materna e infantil, así como los casos de malformaciones y discapacidad asociados a la contaminación por mercurio, resultan especialmente alarmantes entre los pueblos indígenas amazónicos», cuadro que se suma a la propagación de malaria y dengue en medio de una severa precariedad en la red hospitalaria pública.
Exigencia de protección y garantías para defensores
Frente al alto riesgo que enfrentan los activistas y líderes comunitarios que denuncian estos abusos ante grupos armados, el organismo recordó que «el Estado debe prevenir, investigar y sancionar actos de violencia, amenazas, hostigamiento o criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, del ambiente y del territorio», además de exhortar a las autoridades a evaluar la adhesión al Acuerdo de Escazú.
Finalmente, la CIDH y la REDESCA llamaron al Estado a acoger los lineamientos de la Resolución N.º 1/26 sobre Crimen Organizado y Derechos Humanos para desarticular estas economías ilícitas mediante el «control de insumos, maquinaria y rutas de comercialización, trazabilidad del oro, protección de víctimas y cooperación transfronteriza».
