The Daily Journal. — Un bloque de organizaciones sindicales y defensoras de los derechos humanos introdujo formalmente una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza. La acción legal denuncia al Estado venezolano por la violación sistemática de los derechos de los ciudadanos a acceder a la justicia y a contar con un recurso judicial efectivo.
La demanda internacional surge como respuesta directa tras cumplirse tres años sin recibir ningún tipo de respuesta a una acción de amparo constitucional introducida en 2023 ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual exigía el cumplimiento del derecho a un salario suficiente.
La queja ante la ONU está suscrita por los dirigentes Eduardo Sánchez (Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela), Adelmo Becerra (Observatorio para la Dignidad en el Trabajo), Marisol Guédez (Corriente Comunes y Antonio González Plessmann (Colectivo Surgentes).
El origen del reclamo: Cuatro años de congelación salarial
El conflicto legal e institucional se remonta al 25 de julio de 2023, fecha en la que los peticionarios —respaldados posteriormente por la firma y adhesión de más de 50 trabajadores de diversas regiones del país— interpusieron una Acción de Amparo Constitucional sobre Derechos e Interés Colectivos ante la Sala Constitucional del TSJ.
El recurso buscaba frenar las omisiones del Ejecutivo Nacional sobre el ajuste del salario mínimo vital y denunciar la política de bonificación del ingreso, la cual disuelve el cálculo real de las prestaciones sociales, utilidades y bonos vacacionales.
«En 2023 varias de las organizaciones populares que hoy hacemos esta petición, conformamos el Frente Popular en Defensa del Salario e introdujimos una Acción de Amparo Constitucional. El artículo 91 de la Constitución es claro. Dice que ‘salario mínimo vital será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica’. Sin embargo, el último aumento de salario mínimo fue en marzo de 2022, por lo que hoy su monto es inferior a un dólar mensual. Desde marzo de 2022, hace cuatro años, el Gobierno está violando de manera continuada el artículo 91 de la Constitución. Por eso fuimos al TSJ a buscar justicia», explicó detalladamente Marisol Guédez, vocera del Núcleo de Derechos Humanos de Comunes.
Acusan al TSJ de imponer un «bloqueo» y silencio institucional
A punto de cumplirse tres años desde la introducción del amparo, los denunciantes alertaron que la respuesta del máximo tribunal del país ha sido el silencio institucional absoluto. La Sala Constitucional no ha emitido pronunciamientos de admisión o inadmisión, no ha fijado audiencias de partes y, según la denuncia, ha bloqueado activamente el acceso de los abogados a las copias del expediente judicial.
Antonio González Plessmann, co-director del Colectivo de Derechos Humanos Surgentes, fue categórico al señalar la responsabilidad del tribunal en el agravamiento de la crisis laboral:
«Fuimos al TSJ a que nos protegiera frente a la violación del derecho al salario suficiente y resulta que ahí nos violaron nuestro derecho a la justicia. La respuesta ha sido una pared de silencio, opacidad y complicidad con el Ejecutivo. Entendemos que se trata del alineamiento con la política neoliberal que impulsan las elites del país, que implica el desmontaje de los derechos laborales y el privilegio a estímulos y beneficios al capital», sentenció el activista.
Las cuatro exigencias clave ante las Naciones Unidas
La demanda internacional se ampara en los artículos 2.3 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un tratado internacional vinculante y de obligatorio cumplimiento para la República de Venezuela desde el año 1978.
A través de esta Comunicación Individual, los activistas y sindicatos le exigen formalmente al Comité de la ONU que declare la admisibilidad del caso, reconociendo que los trabajadores se encuentran ante una imposibilidad material de obtener justicia expedita dentro del ámbito interno debido a la conducta del TSJ.
Además, solicitan a que esta instancia constate y certifique que el Estado venezolano violó el PIDCP al incurrir en una denegación de justicia continuada y perjudicial.
El bloque de sindicalistas y defensores de Derechos Humanos exige también medidas de reparación inmediatas e instar al Estado venezolano a realizar las reformas institucionales correspondientes para evitar que «el silencio procesal sea utilizado como un mecanismo de desprotección absoluta para los ciudadanos».
