Escuche el audio del editorial aquí: https://clyp.it/222ixdjk
Julio A. López, editor jefe. — Una noticia recorrió ayer las salas de redacción de todo el mundo. El primero en publicarla fue Axios, bastión editorial de la derecha estadounidense con línea directa con los despachos más altos del poder en Washington. Después, agencias del calibre de Reuters —según reprodujo La Nación de Argentina— avivaron la misma llama que consumía el asombro de quienes leíamos la noticia con una mezcla de incredulidad y alarma.
Según esas fuentes, el gobierno de Estados Unidos estaría negociando con Caracas para hacerse con 90.000 millones de barriles de petróleo venezolano, bajo condiciones que hasta el momento nadie ha explicado, con el argumento declarado de reforzar las reservas petroleras estratégicas estadounidenses.
No conocemos los términos de una eventual negociación. No conocemos su estructura jurídica. No sabemos qué recibiría Venezuela como contraprestación ni qué derechos adquiriría Estados Unidos. Tampoco sabemos si hablamos de propiedad de reservas, derechos de explotación, contratos de largo plazo, garantías de suministro o alguna fórmula financiera respaldada por hidrocarburos.
Una inversión legítima requiere una contraprestación legítima. Una concesión requiere términos verificables. Un contrato necesita obligaciones recíprocas.
Cabe la posibilidad de que se trate de un globo de ensayo, lanzado por un presidente que domina como pocos el arte de la manipulación mediática y que quizás solo busca medir las reacciones ante una jugada de semejante audacia. Pero lo cierto es que nadie sabe con certeza qué se está negociando, si es que algo se negocia. Y entre tantos elementos inquietantes de este episodio, quizás el más revelador sea el silencio absoluto de la clase política venezolana: los mismos dirigentes que no se atreven a preguntar qué fue del oro del Banco Central de Venezuela trasladado a Estados Unidos, ni en qué condiciones se hizo ese traslado, tampoco preguntan hoy por el destino de los ingresos generados por la venta de petróleo.
Además, conviene llamar las cosas por su nombre. Para que exista un botín de guerra, primero tendría que haber existido una guerra, y lo ocurrido el 3 de enero admite muchas denominaciones, pero no esa. Para no pocos analistas —e incluso para quienes hoy ejercen el poder en Venezuela— la captura de Nicolás Maduro representó, en el fondo, un favor que Washington les hizo al retirar de la ecuación a una figura que se había vuelto un lastre político incómodo hasta para sus propios aliados. Nadie con sentido crítico cree que la ausencia de defensa aérea sobre Caracas aquel día haya sido casualidad, ni el simple resultado de una abrumadora superioridad militar estadounidense.
Dicho esto, nadie en su sano juicio debería oponerse a que Venezuela haga negocios con su petróleo, mucho menos un país con las urgencias que atraviesa el nuestro. Pero esos negocios deben hacerse a plena luz, con reglas claras y en beneficio verificable de todos los venezolanos, no de unos pocos.
Quienes defendemos sin ambages la libre empresa y la apertura económica, quienes damos la bienvenida a la inversión extranjera en el sector de los hidrocarburos, somos precisamente quienes no podemos guardar silencio ante la sola posibilidad —así sea un ensayo retórico— de una operación que, de concretarse en los términos filtrados, dejaría pequeño al saqueo de Tenochtitlán tras la conquista española de 1521, cuando toneladas de oro, joyas y objetos rituales fueron fundidos o embarcados hacia Europa. Empequeñecería también el expolio de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada de 1204, que dispersó por el continente europeo tesoros acumulados durante siglos por Bizancio; el saqueo de Bagdad a manos de los mongoles en 1258; y, en una escala temporal muchísimo mayor, la extracción sistemática de riqueza que sufrió la India bajo el dominio colonial británico.
Los venezolanos, en su enorme mayoría, prefieren hacer negocios con Estados Unidos antes que con Rusia o China. Pero prefieren hacerlo en una relación de beneficio mutuo, no bajo condiciones impuestas. Y conviene ser honestos: no se puede llamar “negociación” a lo que ocurre con una pistola en la sien o con un dron sobrevolando el cielo de Caracas. Eso, sin siquiera entrar a discutir si quienes hoy dicen representar al país cuentan con la legitimidad política y jurídica necesaria para comprometer el patrimonio de la nación en su nombre.
Bienvenidos, negocios. Bienvenidos los acuerdos comerciales transparentes. Pero no podemos ni debemos guardar silencio cuando un despojo se presenta disfrazado de negociación, con una naturalidad tan calculada que casi pasa inadvertida.
Y ninguna reconstrucción económica que aspire a perdurar debería comenzar aceptando, bajo el nombre de una negociación, aquello que la historia terminaría recordando como un vulgar saqueo.
