The Daily Journal – La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este martes, en segunda discusión y por unanimidad, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una medida legislativa que materializa el primer acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición.
La modificación legal, que entrará en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial, se concentra en el artículo 65 de la ley y reconfigura la estructura del Comité de Postulaciones Judiciales, la instancia encargada de conducir la fase inicial para la selección de los nuevos magistrados.
Con la reforma aprobada, el Comité de Postulaciones Judiciales amplía su número de integrantes de 21 a 23. La nueva composición queda conformada por 11 diputados y 12 representantes de distintos sectores de la sociedad civil, lo que otorga a estos últimos una mayoría numérica dentro de la instancia.
El artículo 65 reformado establece que el comité será designado por la AN con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes. La reforma también incorpora una disposición transitoria única que establece que, una vez publicada la ley, el Parlamento procederá a designar el nuevo Comité de Postulaciones para dar inicio al proceso constitucional y legal de nombramiento de todos los magistrados del TSJ.
Durante el debate parlamentario, diversas voces se pronunciaron sobre el alcance de la reforma.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó el valor de los acuerdos alcanzados en el diálogo. «Es positivo que tan temprano, en la primera ronda de sesiones, ya aparecimos con algunos acuerdos concretos», sostuvo.
Rodríguez insistió en que los legisladores, por estar facultados por la Constitución, serán los responsables de elegir a los 32 magistrados que conformarán el nuevo tribunal, e invitó a avanzar en una «verdadera transformación del sistema de justicia».
El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, explicó que la reforma mantiene en 11 el número de parlamentarios y suma dos representantes de la sociedad civil para llevar a 12 su participación. Infante defendió la necesidad de garantizar un procedimiento «transparente, pulcro y amplio» para la designación de los nuevos magistrados.
Por su parte, el diputado opositor Luis Florido sostuvo que Venezuela «no va a poder salir de su crisis sin recuperar las instituciones».
«La recuperación de la institucionalidad democrática es extremadamente importante», expresó. Florido consideró que la ampliación del comité puede representar una «señal positiva», pero advirtió que uno de los problemas del sistema de justicia venezolano es su politización.
«Esperamos que esta oportunidad se concrete en hechos; no para volver a politizar la justicia desde el Tribunal Supremo colocando magistrados —ahora no de un grupo político, sino de otro—, sino para que realmente sean magistrados de todos los venezolanos», concluyó.
El diputado Juan Miguel Matheus afirmó que están «luchando por un Tribunal Supremo que apunte a la transformación del sistema de justicia, en donde no se pueda repetir jamás la lógica de las cuotas que tanto daño ha hecho a este país».
La reforma aprobada es producto del primer acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición, impulsada por Estados Unidos. El pasado 12 de agosto, en el Hotel Meliá Caracas, ambas partes suscribieron un compromiso para renovar totalmente el TSJ, que actualmente está conformado por 32 magistrados.
El acuerdo contempla «activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia». La reforma de la ley era el paso legislativo necesario para poner en marcha este proceso.
Esta es la segunda reforma a la ley del TSJ en lo que va de año. En mayo pasado, el Parlamento había aprobado una modificación que aumentó de 20 a 32 el número de magistrados del máximo tribunal. Ahora, con esta nueva reforma, se abre la vía para la renovación total de sus integrantes.
