The Daily Journal. — La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas afirmó este miércoles que, pese a una reducción de algunas formas de represión y a la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos, las estructuras estatales vinculadas con graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad permanecen esencialmente intactas.
En su informe más reciente y en un documento de investigación complementario, la Misión examinó la situación registrada durante el último año y presentó un análisis sobre las violaciones de derechos humanos que, según sus conclusiones, continúan ocurriendo en el país. La Misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar, entre otros hechos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en Venezuela.
Según el informe, después del ataque militar de Estados Unidos del 3 de enero de 2026 y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, se produjo una «disminución significativa» de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas relacionadas con ellas. Las autoridades también liberaron a cientos de personas detenidas por razones políticas y permitieron un mayor margen para protestas, reuniones públicas y actividades de organizaciones de la sociedad civil.
La Misión advirtió, sin embargo, que esos cambios no estuvieron acompañados de reformas institucionales capaces de garantizar una mejora sostenida de los derechos humanos.
«La reducción de algunas de las formas más duras de represión es notable, pero todavía no representa en modo alguno una transformación del sistema que las hizo posibles«, declaró Sofía Macher, presidenta de la Misión.
«A menos que se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible», agregó.
La Misión señaló que numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes y que los servicios de inteligencia y cuerpos de seguridad mantienen sustancialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas.
También afirmó que al menos 19 funcionarios previamente señalados por la Misión por su presunta implicación en violaciones graves permanecen en puestos clave o fueron reasignados a ellos.
Persisten casos de tortura
El informe documenta nuevos casos de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos, incluso después del 3 de enero.
En el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I, la Misión documentó prácticas como la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada denominada «máquina del tiempo».
En el Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, investigó casos de confinamiento en celdas tipo pozo excavadas bajo tierra, exposición al frío, privación de alimentos y otras prácticas degradantes.
La Misión identificó 64 nuevos casos de tortura ocurridos exclusivamente después del 3 de enero, que, según sus conclusiones, evidencian la continuidad de estas prácticas.
El organismo también alertó sobre las condiciones de reclusión de cientos de personas, que incluyen restricciones severas en el acceso a agua potable, alimentos, medicinas y atención médica.
La investigación vinculó además varios fallecimientos bajo custodia de personas detenidas por motivos políticos con la falta de atención médica oportuna y los malos tratos.
Entre los casos estudiados figura el de Víctor Quero Navas, un vendedor ambulante que murió bajo custodia mientras se encontraba desaparecido. Según la Misión, su madre, Carmen Teresa Navas, recibió información sobre su destino más de un año después de su detención y diez meses después de su muerte. Ella falleció diez días después.
Persisten detenciones arbitrarias
Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil documentaron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos. El 94% de esos casos ocurrió antes de finalizar 2025.
Después del 3 de enero, la Misión identificó un patrón de arrestos arbitrarios de corta duración dirigidos a intimidar a activistas opositores, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil.
Las excarcelaciones redujeron de forma considerable el número de presos políticos, pero organizaciones no gubernamentales calculan que entre 379 y 500 personas continúan privadas de libertad.
La Misión señaló que la falta de información oficial, transparente y verificable impide establecer con precisión cuántas personas han sido liberadas, dónde permanecen detenidos quienes continúan privados de libertad y cuál es su situación jurídica.
«Hacemos un llamado a las autoridades del Estado para que adopten medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y un marco de justicia transicional centrado en las víctimas«, declaró María Eloisa Quintero, integrante de la Misión.
Quintero instó además a Venezuela a revertir su retiro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y a cooperar con la CPI y otros mecanismos internacionales de derechos humanos.
«Años de arraigada impunidad deben dar paso a la rendición de cuentas«, afirmó.
La ONU señala vínculos entre colectivos y el Estado
Uno de los documentos presentados por la Misión está dedicado específicamente a los llamados colectivos, grupos civiles armados afines al Gobierno venezolano.
La investigación concluyó que estos grupos constituyen, según la Misión, un componente central del aparato represivo estatal y de un sistema más amplio de control social y gobernanza local.
El organismo documentó vínculos que, de acuerdo con sus investigaciones, incluyen respaldo político, financiamiento directo e indirecto, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional.
La Misión afirmó haber encontrado motivos razonables para considerar que el Gobierno suministró periódicamente a colectivos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio.
Según el informe, estos grupos han participado en labores de vigilancia e inteligencia, identificación y localización de personas buscadas por organismos de seguridad, represión de manifestaciones y hostigamiento contra opositores reales o percibidos.
También señaló que su presencia en consejos comunales, servicios públicos y programas sociales les habría permitido recompensar lealtades políticas y castigar expresiones de crítica o disidencia.
La Misión sostuvo que, cuando los colectivos ejercen funciones de autoridad pública otorgadas por la legislación venezolana o participan en operaciones bajo instrucciones, dirección o control de organismos estatales, sus actuaciones pueden ser atribuidas al Estado.
Independientemente de esa atribución en casos particulares, el organismo consideró que el Estado venezolano incumplió su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos por estos grupos.
Llamado a la comunidad internacional
La Misión pidió a la comunidad internacional respaldar medidas destinadas a combatir la impunidad, poner fin a la represión y restablecer el Estado de derecho.
«Estados Unidos y otros actores influyentes deben intensificar esfuerzos para presionar en favor de un cambio real en derechos humanos en Venezuela y promoverlo, asegurando al mismo tiempo que sus políticas y actuaciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales«, afirmó Alex Neve, otro de los expertos de la Misión.
Neve añadió que el contexto descrito en los informes justifica que los Estados mantengan la protección internacional para los venezolanos en el exterior.
Los informes serán presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 18 de septiembre de 2026.
