Héctor Sánchez – Sociólogo
The Daily Journal – Hay una genealogía del despojo en Venezuela que se remonta incluso a tiempos previos a la época colonial. No es porque comience con nuestros indígenas; en realidad, se inicia en Alemania, en manos de un banquero que nunca pisó estas tierras pero que, desde su escritorio en Augsburgo, obtuvo el derecho de administrarlas como si fueran una sucursal de su imperio comercial. Se trata de una oscuridad que persiste a lo largo del tiempo hasta nuestros días.
En efecto, en 1528, el emperador Carlos V, ahogado por las deudas contraídas con la familia Welser, les concedió mediante la Capitulación de Madrid el derecho de administrar la Provincia de Santa Ana de Coro, que luego se llamaría Venezuela. El contrato los obligaba a fundar dos ciudades, construir tres fortalezas y armar cuatro navíos. Sin embargo, el elemento sustantivo era otro: el descubrimiento y la explotación de minas de oro y plata.
Esto ocurrió porque en algún momento se creyó que en estos parajes se hallaba el mítico El Dorado, por lo que los esfuerzos se centraron en su búsqueda. La concesión, capitaneada por Ambrosio Alfinger, Nicolás Federmann, Jorge de Spira y Felipe de Hutten, duró dieciocho años, hasta 1546. Sin embargo, durante todo ese tiempo no solo no encontraron las riquezas a las que aspiraban, sino que tampoco construyeron nada sustantivo. La empresa solo dejó a su paso muerte, desolación y tragedia, tal como ocurre con toda operación codiciosa e imperialista.
Los Welser nunca vinieron a fundar un país, vinieron a extraer y saquear. Y, cuando comprobaron que el oro no aparecía, abandonaron la empresa, fracasando en su cometido. Lo peor, no obstante, es que parecen haber dejado una impronta de la cual no nos hemos podido librar a lo largo de los siglos.
Tras ellos, nuestras costas se convirtieron en coto de caza para piratas y corsarios -algunos autónomos y otros autorizados oficialmente por los rivales de España: Inglaterra, Francia y Holanda-. Maracaibo, Margarita, Cubagua, Cumaná e incluso Caracas y Valencia, a pesar de no ser propiamente ciudades costeras, fueron presa de piratas y corsarios para quienes todo constituía un botín.
Por las aguas del Orinoco también remontaban los piratas, saqueando y destruyendo todo a su paso. Esto explica por qué la actual Ciudad Bolívar (fundada como Angostura en 1764) tuvo que ser mudada de lugar en múltiples ocasiones a lo largo de más de un siglo y medio. Su ubicación actual, en el estrecho del Orinoco, se eligió precisamente para resistir los embates de piratas y saqueadores.
El país no era percibido como tal, ni siquiera como una colonia en sentido estricto; era, más bien, un lugar al que había que saquear antes de que otro lo hiciera.
Siglos después, José Ignacio Cabrujas diagnosticó los efectos de esta impronta con una precisión que sigue doliendo. En una entrevista publicada en 1987, expresaba: “El país tuvo siempre una visión precaria de sus instituciones porque, en el fondo, Venezuela es un país provisional… Han pasado siglos y todavía me parece vivir en un campamento”. A lo que se refería Cabrujas era, desde luego, a la visión provisional propia del campamento minero, en donde no se construye para habitar sino para explotar. No existe, por lo tanto, preocupación por el mediano o largo plazo ni por las reglas de convivencia, ya que todo depende de quien concentre el mayor poder económico o el control de la fuerza.
Con sus respectivos paréntesis, esta ha sido la lógica con la que políticos y élites económicas han gobernado desde los Welser hasta el día de hoy. Cada quien que ha pasado por el poder trata al país como si fuera un campamento, algo que se usa, se explota y se abandona cuando deja de producir riquezas.
De cara al presente y al futuro, y no ya únicamente al pasado, ¿no es acaso esta la misma lógica detrás de los “acuerdos” a los cuales llega nuestro flamante gobierno “encargado” o “interino” -según los gustos de cada quien- con el actual ocupante de la Casa Blanca?
La diferencia radica en que los Welser vinieron a buscar El Dorado y fracasaron. Ahora, en cambio, nadie necesita buscar nada, el oro ya está inventariado y las reservas petroleras están cuantificadas, al igual que la plata, las tierras raras, la bauxita, el hierro, el gas, el aluminio y los diamantes. Hasta los contratos están redactados; solo hay que firmarlos y sonreír ante las cámaras, afirmando con seguridad que acabamos de hacer el mejor negocio de la historia. Los actores y las actrices cambian, pero la lógica permanece.
Sin embargo, si algo debemos tener claro los venezolanos, es que no se trata de un destino ineludible, sino de una mala costumbre. Y las costumbres se rompen. Romperla exige dejar de esperar que alguien venga a rescatarnos desde arriba y comenzar a construir un país que no sea botín de nadie, un país inclusivo, de todos y para todos, donde la riqueza sirva para vivir y no para huir, y donde la política sea un servicio y no un saqueo. Un país que no pertenezca a los «vivos» que se reparten el botín, sino un país de sus habitantes, tanto los actuales como, muy especialmente, quienes lo habitarán después, las hijas e hijos de nuestra tierra. Ese es el único contrato que vale la pena firmar.
