Américo Briceño, politólogo y profesor universitario
El proceso de tutelaje estadounidense sobre Venezuela, iniciado el 3 de enero, abre una nueva etapa en el análisis político. Sin embargo, la revisión de los procesos pasados permite diagnosticar hasta qué punto los compromisos estructurales hacia el desarrollo democrático de la nación fueron afectados por las decisiones de una cúpula en el poder que antepuso sus propios intereses, ignorando y echando por tierra las demandas de los sectores populares e incluso anulando los marcos referenciales y las coordenadas que los partidos imprimían en el sistema político venezolano.
Tal cuestión nos impone definir dos cosas: partidos políticos y sistema político. Sartori nos hace el groso favor de definir a los partidos político como: “cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que presenta candidatos a las elecciones, y puede colocarlos, a través de elecciones (libres o no), en cargos públicos”.
Ahora, en cuanto a sistema político se entiende como “el conjunto del régimen político (las instituciones políticas), las fuerzas políticas (partidos, grupos de presión, opinión pública) y las interacciones entre ambos elementos en el seno de una sociedad determinada”, de acuerdo a Duverger.
Venezuela: una historia con partidos políticos
Echemos manos de la historia. Con el proceso de construcción republicano en el siglo XIX, las distintas disputas por el control del territorio venezolano se llevaron a cabo bajo un esquema de organización político militar muy escueto denominado montoneras y que, posteriormente, con el establecimiento de las oligarquías militares, decantó en una expresión regional que la historiografía nacional llamó caudillismo.
Bajo esta configuración, en la disputa por el control del poder político, los mecanismos tradicionales de la democracia liberal, predominantes en el ambiente intelectual europeo, no se observaron, sino que se dirimía con la imposición del más fuerte.
Así nos recibe un siglo XX marcado por una feroz dictadura que supo destituir la lógica del poder del siglo XIX, arrojar al exterior a un notable grupo de compatriotas y construir una unidad política administrativa que instaló un aparato militar que hizo de la represión su principal forma de actuar.
Con la muerte del dictador, Venezuela se abre paso a una serie de reformas político-administrativas, que poco a poco resultaron, si se quiere entender así, como respuestas a las exigencias que los exiliados políticos hacían sobre el régimen de Juan Vicente Gómez.
Los elementos discursivos que configuraban la demanda política de la oposición a Gómez pasaban desde la realización de una Venezuela moderna hasta la solicitud de un nuevo régimen político que surgiera de la voluntad popular.
Sí, pedían democracia, pero la reclamaban bajo un nuevo diseño de organización social que llegamos a conocer como partidos políticos: unidades de organización con expresión territorial, conformadas por ciudadanos y ciudadanas que direccionaban sus ideales en fuerzas de construcción y ordenación de la sociedad. Ya no eran solo gritos y reclamos de rebeldía al poder dictatorial; era orden, método, mecanismos y estrategias autoras de nuevas dinámicas para configurar al Estado venezolano.
Desde el exilio político los venezolanos comenzaron a fundar organizaciones como el Partido Revolucionario Venezolano (PRV), la Agrupación Revolucionaria de Izquierda (ARDI), el Movimiento de Organización Venezolana (ORVE), el Partido Republicano Progresista (PRP) y el Partido Democrático Nacional (PDN); todos ellos como antecedentes a los partidos modernos Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela.
La característica principal de la constitución organizativa de estas unidades políticas era haber nacido de abajo hacia arriba, liderizados por un pequeño grupo de personas con anhelos de cambios y con las aptitudes intelectuales correspondientes para transformar la frustración en un discurso nacional y la promesa en un proyecto de país.
Con esto podríamos llegar a decir que parte de la historia política el siglo XX venezolano es la irrupción de los partidos políticos como agentes modificadores del ecosistema político venezolano. Sin embargo, el siglo XXI Venezuela asistió, vergonzosamente, a la intervención de los partidos políticos por parte del Estado, iniciando el ensayo con la disidencia chavista en el PPT, PODEMOS, MEP y REDES (2007–2017); pasando por el golpe a la oposición tradicional a Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular (2020); cerrando el flanco izquierdo (2023) con la intervención al Partido Comunista de Venezuela (PCV) tras su ruptura con el Ejecutivo.
La primera disidencia
Ahora, en un recuento que inicia en el 2007, el partido PODEMOS, encabezado por Ismael García y Didalco Bolívar (entonces exiliado), rompió con el oficialismo tras oponerse a la reforma constitucional pero en junio de 2012 Didalco regresa al país y presenta un recurso legal reclamando la conducción del partido, es a través de la Sentencia N° 58 de la Sala Electoral, que el Tribunal Supremo de Justicia le otorgó el control total de la sigla, desplazando la tarjeta nuevamente al Gran Polo Patriótico.
En el 2010, un sector del PPT liderado por Henri Falcón, José Albornoz y Rafael Uzcátegui decidió deslindarse del PSUV para construir una alternativa de izquierda independiente. En junio de 2012 (Sentencia N° 60 de la Sala Electoral), el TSJ suspendió a la directiva nacional legítima y designó una junta ad hoc. La tarjeta del PPT le fue arrebatada a la directiva y entregada a una facción leal al gobierno
Ahora, en diciembre de 2015, la directiva del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), liderada por Wilmer Nolasco, exigió debate sobre el programa de gobierno y las candidaturas a la AN 2015 y amenazo con postulaciones independientes. Frente a esta postura, una facción minoritaria afín al oficialismo y encabezada por Gilberto Giménez Prieto interpuso un amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En respuesta, el TSJ dictó la Sentencia N° 127 en julio de 2015, mediante la cual suspendió a las autoridades legítimas e impuso una junta directiva ad hoc presidida por Giménez Prieto.
En el 2017 le toco a Respuesta de Cambios Comunitarios (REDES). A pesar de haber cumplido con la entrega de las firmas exigidas durante el proceso de renovación de nóminas convocado por el CNE en 2017, al movimiento se le inhabilitó su tarjeta electoral tras el desconocimiento unilateral de sus militantes. Frente a esta arbitrariedad, Juan Barreto y la dirigencia del partido recurrió a la Sala Electoral del TSJ denunciando la vulneración del debido proceso y del derecho a la asociación política consagrado en la Constitución. Sin embargo, mediante la Sentencia N° 092 del 27 de julio de 2017, el máximo tribunal respaldó la decisión del ente electoral.
El uso del alacranato
En el 2020 llega el turno de Acción Democrática. Mediante la Sentencia N° 0071-2020 del 15 de junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió a la Dirección Nacional de Acción Democrática (AD) liderada por Henry Ramos Allup y designó una junta directiva ad hoc presidida por Bernabé Gutiérrez, otorgándole el control total sobre los símbolos, colores, logo y la tarjeta electoral del partido para postular candidatos.
De igual manera, el 16 de junio de 2020, mediante la Sentencia N° 0072-2020 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó de la conducción del partido Primero Justicia (PJ) a Julio Borges, Tomás Guanipa y a su directiva (tan solo 24 horas después de aplicar una medida similar contra Acción Democrática) para designar una junta ad hoc presidida por el diputado José Brito, quien previamente había sido expulsado de la agrupación tras ser vinculado a esquemas de corrupción en el caso conocido como la «Operación Alacrán».
Y julio de 2020, inicia con la Sentencia N° 0077-2020, mediante la cual decreta una medida cautelar de reestructuración sobre el partido Voluntad Popular (VP)) liderado por Leopoldo López y Juan Guaidó) asignando la junta ad hoc al diputado José Gregorio Noriega.
Prohibida la disidencia
La Sentencia N° 1160 del 11 de agosto de 2023, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asalto judicialmente al Partido Comunista de Venezuela (PCV) replicando la estrategia usada en 2020 contra organizaciones de centro-derecha: admitió un amparo constitucional presentado por el autonombrado disidente «Movimiento de Bases Patrióticas del PCV» (quienes acusaban a la dirigencia legítima de haber desviado el rumbo revolucionario), destituyó a su dirección política, liderada por Oscar Figuera e impuso una directiva ad hoc presidida por Henry Parra, confeso militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, otorgándole la titularidad legal de las siglas, el logotipo del gallo rojo y el derecho exclusivo para postular candidaturas electorales.
Devolver los partidos es devolver la democracia
Ante estos hechos, y bajo la caracterización de Levitsky sobre autoritarismo competitivo, los gobierno de Chávez y Maduro, impusieron un control astuto del ecosistema de partidos en Venezuela, ya no necesitaban inhabilitar nominalmente la democracia ni prohibir la tarjeta electoral de la acera de enfrente, sino fracturar artificialmente a los contrincantes políticos mediante cooptación y persecución judicial, configurando así una “oposición” a la medida que validara resultados comiciales como los del 28J del 2024, preservando la fachada constitucionalista e inmunizando el aparato estatal frente a la presión diplomática internacional.
El descabezamiento, ahogo y desarticulación coercitiva de los partidos opuestos al chavismo despojo al sistema político venezolano de su “estructura nerviosa”, lo que llevo a colaborar a un déficit severo en pluralidad y estabilidad democrática. Estas organizaciones representaban el apoyo orgánico e institucional sobre el cual los venezolanos podían proyectar las diversas demandas políticas, sociales y económicas, y transformarlas en agendas coherentes para la opinión pública y en programas de gobierno para la realización institucional del estado
Sin la condición de libres y autónomos, el pueblo perdió una herramienta de participación y fue atomizado perdiendo el sentido procedimental de la democracia, lo que indujo una relación entre Estado y ciudadano de manera cliente-patrón o la imposición vertical del poder sin contrapesos organizados.
En consecuencia, en Venezuela se debe dar una lucha por el rescate de los partidos políticos, el restablecimiento de sus genuinas direcciones, así como el derecho consagrado en el artículo 67 constitucional; que vuelvan a tener su autonomía organizativa y el respeto a su democracia interna, no como privilegio de algunos, sino como una garantía sistémica indispensable para evitar que el conflicto sociopolítico se dirima al margen de los mecanismos constitucionales y para asegurar la continuidad de la vía electoral como elemento civilizado del cambio de régimen. Un punto que, indiscutiblemente, debe ser asumido en la nueva ronda de diálogos.
