The Daily Journal.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un giro significativo en su política de pena de muerte, al reactivar los procedimientos para solicitar, implementar y acelerar sentencias capitales, en cumplimiento de una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump.
La decisión incluye la reactivación del protocolo de inyección letal, la incorporación de nuevos métodos de ejecución como el pelotón de fusilamiento y la aceleración de los procesos internos en casos de pena capital, una medida que, según la institución, busca “restaurar su solemne deber de buscar, obtener e implementar sentencias de muerte legales”.
“El Departamento de Justicia actuó para restaurar su solemne deber de buscar, obtener e implementar sentencias de muerte legales, despejando el camino para que el Departamento lleve a cabo ejecuciones una vez que los condenados hayan agotado sus apelaciones”, señala un comunicado oficial.
El fiscal general interino, Todd Blanche, justificó la medida al señalar que la administración anterior había fallado en su deber de protección ciudadana. “El gobierno anterior falló en su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y ejecutar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías”, afirmó.
Blanche agregó que, bajo la nueva línea de acción, “el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a estar del lado de las víctimas”.
Reversión de políticas de la era Biden
El Departamento de Justicia también criticó la gestión del gobierno anterior, asegurando que bajo la administración de Joe Biden se impuso “una moratoria indefinida sobre las ejecuciones” basada en un análisis que cuestionaba el uso de la inyección letal.
Asimismo, se acusó a la administración Biden de haber “declinado solicitar la pena de muerte en numerosos casos horribles” incluso cuando fiscales la recomendaban, y de haber impulsado la conmutación de penas para condenados en el corredor de la muerte.
Según el comunicado, estas decisiones “causaron un daño incalculable al público” y debilitaron la aplicación de la justicia en casos de alta gravedad.
Nuevas medidas anunciadas
Entre las acciones inmediatas, el Departamento informó la publicación de un informe sobre la pena de muerte federal, en el que se concluye que el uso de pentobarbital en ejecuciones es compatible con la Octava Enmienda de la Constitución.
Además, se ordenó a la Oficina Federal de Prisiones reinstalar el protocolo de ejecución de la primera administración Trump y evaluar la expansión de instalaciones para permitir distintos métodos de ejecución.
El Departamento también anunció que “considerará una norma que permitirá a los estados agilizar la revisión federal de casos capitales”, con el objetivo de reducir el tiempo entre condena y ejecución.
La administración informó que ha autorizado la búsqueda de la pena de muerte en 44 casos, incluyendo acusados vinculados a organizaciones criminales como la MS-13.
El fiscal interino ya habría aprobado solicitar la pena capital en nueve de estos casos, según el comunicado oficial.
