Héctor Sánchez. Sociólogo. —A pocos días del 1° de mayo, las expectativas están puestas en el anuncio de un nuevo aumento salarial. Según lo dicho por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, asistiremos a un incremento «responsable». Sin embargo, conviene preguntarse: ¿responsable para quién?
Mientras desde el discurso oficial se insiste en que las bases de la economía se están transformando, dicen celebrar 22 trimestre consecutivos de crecimiento del PIB y hasta hay quien insinúa que estamos ante un verdadero “milagro económico”, la realidad los contradice, un hecho innegable persiste: el salario mínimo nacional sigue congelado desde 2022 en 130 bolívares, cifra que al cambio oficial actual –por no hablar de los extraoficiales, incluyendo el que el propio Gobierno maneja en las mesas de subasta de divisas digitales- apenas alcanza los 27 centavos de dólar mensuales.
Por contexto: una familia venezolana necesita cerca de 700 dólares al mes solo para cubrir los gastos de alimentación. Pero, además, estamos hablando por lejos del salario más bajo del mundo, tan bajo, que haría falta redefinir el concepto de pobreza por línea de ingreso que se maneja a nivel mundial: 3 dólares al mes se considera pobreza extrema. Bueno, el salario mínimo en Venezuela se encuentra 11 veces por debajo de eso en medio de la inflación más alta del planeta.
Lo que, por cierto, pone en duda la versión oficial y de la mayoría de los expertos de uno u otro bando según la cual la causa de la inflación son los remuneraciones y derechos laborales. Si ese fuera el caso, matemáticamente hablando, en Venezuela deberíamos tener la inflación más baja del mundo e incluso deflación.
El asunto es que más allá de esto, lo que el gobierno parece decidido a no ver y los patrones venezolanos llámese Fedeindustria o Fedecámaras tampoco, es que el problema salarial no es únicamente contable. Estamos ante la necesidad de desmantelar un modelo de gestión que ha optado sistemáticamente por la vía del bono como sustituto de facto del salario imponiendo la precarización como signo de los tiempos.
El mecanismo es conocido: desde 2022 se instruyó que los ajustes se hicieran vía bonificaciones no salariales que no inciden en el cálculo de las prestaciones sociales, las vacaciones, los aguinaldos ni las jubilaciones, lo que ha terminado por romper la estructura salarial legal vigente, liquidando de paso el principio de proporcionalidad y antigüedad.
La magnitud del desastre es tal que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha visto en la obligación de instar al gobierno venezolano a fijar el salario mínimo conforme a métodos consensuados entre los sectores sociales, ante la persistente y grave crisis salarial que atraviesa el país. La advertencia se produce cuando la inflación acumulada en 2025 según el Banco Central de Venezuela (BCV) fue de 475%, desmoronando por completo el poder adquisitivo de la moneda nacional.
Bajo esta lógica perversa, la reforma laboral que se anuncia, lejos de restaurar derechos, podría legalizar la precariedad. La dolarización creciente del día a día coexiste con empleos en el sector privado que se pagan en divisas, sí, pero a cambio de eliminar contratos, vacaciones, seguros y toda estabilidad laboral. Mientras que, en el sector público, la atomización de los ingresos mediante bonos fragmenta la relación salarial y erosiona la seguridad social. El resultado es una masa de asalariados precarios sin acceso a las protecciones y sin garantías de nada obligados a “emprender” (forma glamurosa de llamar hoy al trabajo informal, como bien lo señaló Boaventura de Sousa) para sobrevivir.
En resumen: el país no puede seguir condenado a un debate eterno sobre el monto y las fuentes del ajuste, cuando lo que está en el fondo es la refundación del contrato social. Si realmente se desea construir un nuevo momento económico, los trabajadores venezolanos no pueden seguir anclados en el viejo momento salarial, como lo definió de manera perfecta recientemente un dirigente sindical: aquel donde cualquier aumento se vuelve ilusorio porque la especulación lo devora al día siguiente, donde las prestaciones desaparecen en el limbo de la informalidad y donde la carga de toda la crisis causada por las élites que se han peleado los recursos del país durante años recae una vez más sobre sus espaldas empobrecidas. O se avanza hacia un salario con todas las protecciones de Ley o seguiremos caminando en círculo, condenados a repetir la misma perversa rutina hasta que estalle por el peor lado.
