La norma deja un triste récord en sus nueve años de vigencia: al menos 113 detenciones y actos de hostigamiento, según datos de Espacio Público. El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, asomó la posibilidad de una reforma, pero organizaciones nacionales e internacionales llaman a derogarla.
Vanessa Davies
Para Manuel Sánchez, la palabra «odio» es sinónimo de una gran injusticia. Sánchez fue detenido en 2025 por hacer una transmisión en redes sociales para apoyar a unos vecinos, y condenado a 10 años de prisión por presunta instigación al odio, como lo ha denunciado la organización Espacio Público. «Manuel no es un delincuente; Manuel es inocente», sostuvo su esposa, Rosalba Pereira, desesperada al ver que pasa el tiempo y nada cambia para él. El activista, que siempre «defendió los derechos de todos los venezolanos», como lo describió Pereira, se desgasta en la cárcel de El Rodeo (Miranda).
La «ley del odio» tiene un nombre más largo: Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Democracia. Pero su denominación popular refleja lo poco que ha ayudado a la convivencia, y lo mucho que ha sumado a las peleas y rencillas. Aprobada en 2017 por la asamblea constituyente, la norma ─de 25 artículos─ ha sido señalada por su discrecionalidad y espíritu represivo.
En su artículo 20, la ley sanciona con prisión de 10 a 20 años a quien «fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia». El artículo 22 contempla el retiro de la concesión a prestadores de servicio de radio o televisión por difundir mensajes «que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza». En la actualidad, lo que se encasilla como delito de odio es imprescriptible en Venezuela (artículo 25) «por tratarse de violaciones graves de los derechos humanos».
Al menos 113 detenciones, actos de hostigamiento y amenazas se han registrado entre 2017 y 2025 al amparo de este texto legal, precisó Marysabel Rodríguez, investigadora de Espacio Público. Unas 14 detenciones arbitrarias reportadas en 2025 se justificaron con el alegato de la presunta incitación al odio.
La norma ha sembrado miedo y autocensura, resumió el profesor Carlos Correa, director de Espacio Público. Tanto así, que los grupos de WhatsApp se han convertido en espacios asépticos en los que la gente teme hablar francamente sobre política e, incluso, quejarse por fallas en los servicios públicos.
¿Cárcel por «mona»?
Las acciones contra los discursos de odio buscan proteger a personas y comunidades de expresiones racistas y xenófobas, entre otras. No son los gobiernos los sujetos de estas medidas, pero en Venezuela se ha esgrimido la lucha contra el odio para criminalizar a quienes critican la gestión pública, señaló Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante un foro organizado por Espacio Público.
Es imposible no pensar en la descalificación «mona» usada contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un acto de la dirigente opositora María Corina Machado en España. O expresiones como «sayona» que emplea el oficialismo para referirse a Machado. ¿Una ley para impedir estos epítetos? ¿Cárcel para quienes los utilizan? «Ese tipo de expresiones, que en definitiva son insultos, no deberían dar lugar a una pena privativa de libertad. Más aún, cuando se profieren en contra de personas públicas que tienen fácil acceso a los medios de comunicación para contestar y condenar», reflexionó el abogado Rafael Chavero.
El jurista también abogó por el fin de la norma. Porque, de acuerdo con Chavero, «no hace falta privar a alguien de libertad dos o tres años para acabar con ese tipo de lenguaje». En cambio, llamó a recuperar los márgenes de tolerancia para la convivencia, y recomendó a políticas y políticos tener un cuero fuerte para resistir las críticas.
Adiós a la ley
En febrero pasado, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, la calificó como una ley de mucha utilidad, pero admitió que también se ha hecho mal uso de ella. Hay «una ley que nosotros consideramos que es una ley muy útil, que es la Ley contra el Odio por la Convivencia Democrática. El programa de convivencia y paz está justamente estudiando los alcances de esa ley. Es muy probable que esa ley venga a reforma en esta Asamblea Nacional, pero también es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la ley contra el odio, eso es verdad y tiene que ser corregido», expresó el legislador, de acuerdo con CNN.
El relator Pedro Vaca es partidario de derogar la ley, pero evalúa que se puede dar un debate nacional para escuchar los argumentos de todos los sectores. En la Venezuela que dejaron los hechos del pasado 3 de enero, esta norma parece moverse entre la reforma y la desaparición.
