María Alejandra Díaz Marín. Abogada y defensora de DD.HH.- La idea de convertir a Venezuela en el “Estado 51” de Estados Unidos no es una simple extravagancia verbal de Donald Trump. Es una afirmación agresiva desde los puntos de vista político, histórico y moral. Y precisamente por eso no puede trivializarse ni reducirse a una broma.
Cuando Trump insinuó nuevamente la posibilidad de anexar Venezuela, reactivó una vieja narrativa imperial: la pretensión de que las grandes potencias puedan decidir el destino de otros pueblos según sus intereses estratégicos. No se trata solo de una frase provocadora. El contexto la vuelve mucho más grave.
Durante años, Venezuela ha sufrido sanciones, bloqueos y presiones internacionales que han afectado directamente a la población. Millones de venezolanos padecieron el colapso económico, el deterioro de los servicios públicos y la migración forzada, en medio del peor saqueo político e institucional de nuestra historia contemporánea. Sobre esas ruinas ahora se intenta presentar la subordinación nacional como una opción política aceptable.
Primero vino la presión económica. Luego, la intervención en nuestra vida institucional. Después de la invasión y del discurso tecnocrático según que los mismos que provocaron el desastre “administrarían” el país para evitar el caos. Más tarde, el desmontaje de las leyes para facilitar el saqueo de nuestros recursos. Y, finalmente, la insinuación de convertir a Venezuela en parte del territorio estadounidense.
Pero el problema no es únicamente Trump. El verdadero peligro comienza cuando algunos venezolanos normalizan el tutelaje extranjero, como si la soberanía fuese un lujo prescindible.
La Constitución venezolana no deja espacio para ambigüedades: Venezuela es irrevocablemente libre e independiente; la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo; la independencia nacional constituye un derecho irrenunciable y la integridad territorial no puede ser negociada ni entregada.
Eso significa algo elemental: ningún gobierno extranjero, ninguna potencia militar y ningún dirigente político tienen legitimidad para disponer del destino histórico de la Nación venezolana.
La República no nació como concesión de una potencia extranjera. Surgió de una guerra de independencia sostenida por generaciones enteras que enfrentaron a uno de los imperios más poderosos de su tiempo. Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda y miles de venezolanos entregaron sus vidas para romper la lógica colonial que convertía pueblos y territorios en posesiones administrables.
Por eso, hablar de anexar Venezuela no es simplemente discutir la geopolítica contemporánea. Es atacar el fundamento histórico mismo de nuestra existencia como República.
Los venezolanos podemos tener profundas diferencias sobre el modelo económico, el sistema político o los responsables de la crisis. Podemos denunciar corrupción, exigir justicia o reclamar transformaciones estructurales. Todo eso forma parte del debate democrático.
Pero existe una frontera ética e histórica que ningún venezolano digno debería cruzar: la entrega de la soberanía nacional. Porque una cosa es cuestionar al poder interno y otra muy distinta es aceptar que una potencia extranjera decida el destino del país.
Quien celebra la idea de una anexión no está defendiendo la democracia. Está renunciando a la autodeterminación nacional y aceptando que Venezuela deje de ser sujeto de su propia historia para convertirse en objeto de una administración extranjera.
Además, detrás de este discurso hay un componente económico imposible de ignorar. Venezuela posee algunas de las mayores reservas petroleras del planeta, además de enormes riquezas minerales y energéticas. El petróleo venezolano no es solo un recurso económico: es parte esencial de nuestra soberanía histórica y un patrimonio intergeneracional construido a lo largo de décadas.
La soberanía petrolera no pertenece a un gobierno de turno. Pertenece a la Nación y a las generaciones futuras. Por eso, cualquier proyecto de subordinación territorial, política o económica frente a una potencia extranjera constituye una amenaza directa contra el principio mismo de la independencia nacional.
La respuesta de Venezuela debe ser firme y transversal. Las universidades, gremios, sindicatos, medios de comunicación y dirigentes políticos tienen la obligación histórica de rechazar cualquier forma de tutelaje extranjero.
Porque la patria se defiende completa o se pierde por completo.
Venezuela no es una franquicia energética. No es una colonia disponible. No es un protectorado. Y no será jamás el estado 51 de nadie.
Venezuela es una República. Venezuela es soberanía. Venezuela es independiente. Y la dignidad nacional no se negocia
