The Daily Journal.— En el marco de la 56° Asamblea Anual de Consecomercio, celebrada el jueves en Barquisimeto, el presidente de la cúpula comercial, José Gregorio Rodríguez, puso sobre la mesa la crisis de los servicios públicos y planteó una propuesta legislativa para mitigar el impacto de los apagones en el sector productivo y la ciudadanía.
Rodríguez señaló a los medios de comunicación que, aunque las fallas eléctricas afectan a todo el territorio nacional, la situación se vive con «mayor crudeza» en ocho o nueve regiones, identificando a los estados Aragua, Falcón, Zulia, Trujillo, Yaracuy, Lara, Mérida y Táchira como los más críticos debido al «funcionamiento restringido de las plantas termoeléctricas que complementan el suministro de energía para el occidente del país».
Ante este escenario, el líder gremial anunció que el sector empresarial propondrá una modificación del marco legal vigente para abrir las puertas a la inversión privada en el sector eléctrico.
«Queremos proponer una reforma urgente de la Ley Orgánica del Sistema Eléctrico Nacional que permita que, si el sector privado va a generar electricidad, pueda comercializarla, lo que hoy en día la misma estructura legal de esta norma no lo permite», afirmó Rodríguez.
El presidente de Consecomercio argumentó que la reforma legal permitiría a los empresarios ver la electricidad «sin miedo y sin temor como un negocio de prestación de servicios», enfocado principalmente en atender a los grandes consumidores.
Según el dirigente, esta apertura no solo aliviaría la carga financiera del Ejecutivo, sino que beneficiaría directamente a los ciudadanos al descongestionar la red pública administrada por el Estado.
«Si usted le deja al sector privado que pueda atender (…) a su propio sector, que podemos ser los más grandes consumidores, el Estado con el otro sistema puede dedicarse, por supuesto, a darle un suministro de energía que pueda ser un poco más estable al resto de la población», explicó.
Finalmente, Rodríguez admitió que la recuperación del sistema eléctrico venezolano es un desafío «sumamente complejo» y advirtió que el proceso «requiere de mucha inversión, de comprensión y de transparencia» por parte de todos los actores involucrados.
