The Daily Journal.– El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la noche del martes la Ley 1732, una norma que deja sin efecto las limitaciones legales para la intervención de las Fuerzas Armadas en escenarios de conmoción civil.
La promulgación, registrada de inmediato en la Gaceta Oficial, se concretó apenas pocas horas después de que el texto fuera sancionado por el Legislativo en medio del asedio de bloqueos viales que cercan la capital desde hace casi un mes.
De acuerdo con las crónicas y reportes parlamentarios publicados por el diario boliviano La Razón, la nueva legislación obtuvo el respaldo de más de dos tercios de los miembros tanto en el Senado —cámara de origen— como en la Cámara de Diputados, que actuó como revisora en una sesión virtual que se extendió por más de cinco horas.
«Se abroga la Ley N° 1341 de 23 de julio de 2020, de Estados de Excepción», reza el artículo único de la recién nacida Ley 1732, el cual desmonta el marco regulatorio extraordinario dictado tras la crisis política del año 2020.
Las autoridades aclararon, no obstante, que la entrada en vigencia de esta norma no supone la declaración automática de un Estado de sitio o de excepción, sino la restitución de las plenas facultades operativas de los cuerpos militares.
El oficialismo justifica el fin del «candado» legal contra el Ejecutivo
Durante el encendido debate en la Cámara de Diputados, los parlamentarios que defendieron la medida sostuvieron que la derogada Ley 1341 se había convertido en un obstáculo técnico o «candado» que maniataba al Órgano Ejecutivo e impedía el restablecimiento del orden público, especialmente en el occidente boliviano, fuertemente afectado por el desabastecimiento de alimentos y carburantes.
El diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, justificó el endurecimiento de la línea oficial frente a los sectores civiles y campesinos que exigen la dimisión del jefe de Estado.
«La protesta y la huelga están garantizadas. Dejemos de ser tibios. No podemos tolerar este tipo de actos violentos ni que un militar o un policía sea golpeado. No podemos tolerar que maten a jóvenes (…). La ley 1341 fue (creada) para quitarle prerrogativas constitucionales a nuestro presidente», denunció Rojas.
El parlamentario elevó el tono de su discurso contra las movilizaciones y los recientes ataques a las fuerzas de seguridad: «¿Cómo quieren que los paceños reaccionemos a conductas de violencia? ¿Con florcitas, con pañuelitos blancos? No. Ya está de buen tamaño. Aquí hay dos facciones: el pueblo boliviano y los terroristas», sentenció.
En esa misma línea de argumentación, el diputado Carlos Alarcón respaldó el viraje institucional argumentando la necesidad de rescatar el principio de autoridad. «Estos grupos violentos quieren ponerse por encima del Gobierno, de la Asamblea y de millones de bolivianos que van a votar en las urnas», aseveró durante su comparecencia en el debate virtual.
Advertencias de la oposición: «Es como echar gasolina al fuego»
En contraste, legisladores de la oposición y facciones disidentes del propio PDC expresaron serias reservas sobre las implicaciones de otorgar facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas en un entorno de polarización extrema. La diputada Sonia Siñani lideró las críticas advirtiendo que desmantelar las garantías civiles vigentes desde 2020 puede radicalizar las protestas en las rutas nacionales.
«Es como echar gasolina al fuego», alertó Siñani, anticipando una escalada en la resistencia de los sindicatos y comunidades aimaras que sostienen los piquetes.
La urgencia del Gobierno por promulgar la Ley 1732 también sorteó obstáculos en los tribunales. Horas antes de la sesión de Diputados, el vicepresidente Edmand Lara interpuso de forma sorpresiva una acción de amparo constitucional contra el presidente del Senado, Diego Ávila, con el objetivo de paralizar el procedimiento legislativo. Sin embargo, la Asamblea Legislativa Plurinacional omitió el recurso y aceleró la votación definitiva.
Con información de La Razón.
