The Daily Journal.— El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y del Servicio Eléctrico, recientemente aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, no contempla una privatización del sector, sino un modelo de concesiones temporales donde el Estado retiene la propiedad absoluta de la infraestructura. Así lo advirtió el ingeniero electromecánico Juan Carlos Rodríguez, especialista en energía de respaldo y transición energética, durante una entrevista concedida a Fedecámaras Radio.
El analista y presidente de la firma consultora JCR explicó que la propuesta legal busca revertir la reserva total que el Estado impuso en las leyes de 2007 y 2010. Sin embargo, aclaró que el nuevo esquema dista mucho de la apertura de participación plena privada que existió en el pasado.
Concesiones a 40 años sin derecho a propiedad ni indemnización
De acuerdo con los detalles preliminares del borrador legal, el Ejecutivo plantea delegar en operadores privados las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización. No obstante, el especialista precisó las severas limitaciones que impone el texto a los particulares.
«No es una privatización, son concesiones a 25 años que pueden ser prorrogadas a 15 años más (…). Al final del período de la concesión, tú le tienes que revertir al Estado todos los activos que tú hayas desarrollado sin indemnización alguna. Si no hay propiedad, eso es como que tú estás simplemente manejando un contrato de operación por un tiempo determinado», explicó Rodríguez.
Bajo este panorama, el consultor estimó viable que algunas empresas nacionales asuman un esquema de empresas mixtas con el Estado (con participaciones del 50% o menores), pero descartó que el marco propuesto sea atractivo para las corporaciones globales de energía que poseen los grandes volúmenes de capital y tecnología que el país requiere.
Para captar a gigantes de las dimensiones que en su momento tuvo la estadounidense AES Corporation —antigua propietaria de la Electricidad de Caracas—, el marco legal venezolano tendría que ofrecer garantías jurídicas de estándar internacional.
«Tendría que haber, por ejemplo, arbitrajes internacionales, la protección de inversiones, el derecho a repatriación de dividendos, también limitar un poco las facultades discrecionales de intervención del Estado dentro de la propia concesión, inclusive en la operación misma, en tarifas, etcétera», argumentó.
Un modelo que podría prolongar la crisis eléctrica
Lejos de convertirse en una solución estructural para la emergencia que padece el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), Rodríguez advirtió que la burocracia detrás de este esquema ralentizará la llegada de soluciones reales a los hogares y comercios.
«Yo no creo que de verdad sea una solución estructural para resolver el tema del sistema eléctrico. Al contrario, (…) imagínate cuánto tiempo va a pasar para que todo esto se configure, se le dé una forma jurídica y después que empiecen a ver las inversiones (…). Yo creo que esto de alguna manera va a prolongar de una manera significativa el problema de la crisis eléctrica», sentenció.
Vacíos legales, ambigüedad y centralización
Al evaluar las modalidades de participación, el presidente de JCR calificó el texto propuesto como «muy confuso» y lleno de ambigüedades respecto a las áreas técnicas que realmente se abrirán al capital privado. La ley menciona a un «operador estatal originario» que no necesariamente se limita a Corpoelec, abriendo la puerta a que otras empresas estatales, como Petróleos de Venezuela (Pdvsa), actúen de forma independiente con sus propios sistemas de generación.
Asimismo, quedan dudas sobre si las grandes redes del Sistema Interconectado Nacional podrán ser dadas en concesión, o si la participación privada se limitará exclusivamente a la recuperación de plantas termoeléctricas locales y redes de distribución regional.
Finalmente, el ingeniero desmitificó la idea de que el proyecto debilite el control centralizado del Estado sobre el servicio.
«No [elimina la centralización], al contrario, porque todo dependería del Ejecutivo Nacional. La concesión se crea por decreto del Ejecutivo en Consejo de Ministros. No es una licitación pública nacional o internacional, sino simplemente un esquema de asignación. Y eso preocupa mucho, porque el momento político es complicado y cualquier inversionista necesita también tener seguridad de que lo que vaya a firmar se mantenga en el tiempo. Por eso es que yo soy muy escéptico», concluyó.
